Fiscalía investigará al menos siete empresas por presunto mal uso del permiso colectivo en el país

Al menos siete empresas a lo largo del país están en la mira del Ministerio Público por el presunto mal uso de permisos colectivos entregados para ejercer funciones durante la pandemia. Y es que, según confirmaron de la Fiscalía Nacional, la máxima autoridad del ente persecutor, Jorge Abbott, solicitó a los persecutores regionales de Antofagasta, Valparaíso, Metropolitana Centro Norte y Oriente abrir investigaciones penales de oficio.

Ello, acotaron, por el presunto incumplimiento de medidas sanitarias por covid-19 de al menos siete empresas “que solicitaron permiso colectivo usando falsamente rubro esencial”. La decisión ocurre el mismo día que el Gobierno criticó a las empresas que se “disfrazan” como esenciales para operar, anunciando con ello una fuerte fiscalización.

“Obviamente estamos en contra de aquellas empresas que se disfrazan de empresas esenciales y que obtienen permisos inadecuados”, dijo hoy el ministro de Salud, Enrique Paris, durante el balance diario.

Añadió además que la subsecretaria de Prevención del Delito Katherine Martorell, “hoy día mismo está iniciando una fuerte fiscalización en contra de todas las empresas o de algunas empresas que están incumpliendo estos instructivos, y estamos haciendo una correlación entre el rubro de la empresa y el Servicios de Impuestos Internos para tratar de ubicar las que están actuando de forma inadecuada”.

De hecho, la subsecretaria y personal de la PDI controlaron hoy a la empresa Fashion’s Park, ubicada en Conchalí ante una denuncia por supuesto mal uso de los permisos. “Se estableció que además se estaba obligando a los trabajadores a venir a este lugar, esto es algo que hay que investigarlo”, aseguró Marorell.

En tanto, el prefecto inspector Iván Villanueva, jefe de la zona policial metropolitana, informó el levantamiento de información respecto aquella empresa y otras, añadiendo que gran parte de los encargados de estas señalan que se debería “por mala interpretación de la norma”, mientras que en otros casos simplemente “no hay relación”.

“Hemos recibido denuncias, las cuales estamos corroborando”, afirmó. Posteriormente se fiscalizó una empresa en Colina. Según Martorell, el SII reportó el cambio repentino de rubro, pasando de confección de cortinas a la entrega de medicamentos.

Sin embargo, en el lugar no se acreditó la entrega de este último servicio. “Hemos encontrado una empresa con sus puertas abiertas. En la sala de espera había un cliente que venía a retirar un pedido de cortinas y que obviamente esto no tiene relación con lo que estamos viviendo”, cerró Villanueva.

Fuente: Emol

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