Gobierno pretende pagar Ingreso Familiar de Emergencia este mes y anticipa que deuda superará el 40% del PIB en 2022

Una maratónica jornada se vivió el sábado, en la que el gobierno y la oposición lograron un acuerdo fiscal para ir en ayuda de las familias y, en paralelo, crear una serie de herramientas de apoyo a las empresas para impulsar la reactivación económica.

Así, el Fondo Covid de US$ 12 mil millones, anunciado por el ejecutivo y los parlamentarios DC, PS y PPD, tendrá una duración de 24 meses, pero significará un alto esfuerzo de deuda por parte del Estado.

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, sentenció que “el mayor endeudamiento que vamos a tener hoy día, es una mochila que le dejamos a las generaciones futuras. Para que sea bien absorbida necesitamos responsabilidad fiscal, una consolidación fiscal creíble y recuperar la capacidad de crecer económicamente”.

¿Cómo se proyecta aquella mochila de la que habla Briones? De acuerdo al documento, el fondo se financiará principalmente con deuda. Así el texto señala que referencialmente, la deuda pública bruta aumentaría de 28% del PIB a fines de 2019 a 43% a fines de 2022, superando la proyección anterior de 37,9% para ese año. Asimismo, los Fondos Soberanos bajarían desde 9,5% del PIB a fines del año pasado hasta poco menos del 5% del PIB en 2022, lo que da cuenta de un menor uso de estos activos. De acuerdo al economista jefe de Banco Santander, esto deja en claro que la mayor parte del fondo se financiará por la vía de endeudamiento. (Ver entrevista página 6).

Se menciona además que “este marco de entendimiento supone que el escenario fiscal expansivo extraordinario para los años 2020 y 2021, incluyendo la creación del Fondo Covid, genera un compromiso de consolidación fiscal de mediano plazo a partir de 2022, de forma tal de estabilizar la deuda pública y las variables macroeconómicas fundamentales. En esta línea, consideramos que, en las condiciones actuales, limitar el aumento de la deuda bruta hasta un nivel en torno a 45% del PIB sería adecuado”.

De acuerdo al gobierno, del total de los US$ 12 mil millones, más de la mitad de los recursos se utilizarán en la reactivación. Asimismo, destacan el sentido de urgencia de las medidas y, por ende, pretenden que hoy se presente el proyecto de Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), ya que esperan que a fines de junio estar pagándolo, y para que eso suceda se debe tener aprobado esta semana.

El gobierno espera que pese a los mayores recursos que se destinarán a la emergencia, el gasto se mantenga constante, ya que de los US$ 3.500 millones que se desembolsarán para este año, US$ 2.000 millones provendrán de la subjecución y se sumarán los US$ 1.200 millones que quedan pendientes del primer fondo para trabajadores informales. Por ello, si bien avizoran un mayor déficit fiscal efectivo al 8% proyectado, afirman que será por menor crecimiento.

Los principales ejes del Acuerdo Covid

Dentro de las medidas del Fondo Covid, se aumentará el monto y cobertura del Ingreso Familiar de Emergencia desde los actuales $60 mil a $100 mil por persona -con un tope de cuatro personas por familia-, llegando a cubrir el 80% más vulnerable.

En el Seguro de Cesantía se fijará una tasa mínima de reemplazo mientras dure el IFE, equivalente a un 55% para todos los trabajadores, sean estos de contratos indefinidos o de plazo fijo. El “IFE 2.0” será compatible con el mecanismo de subsidio fiscal a los trabajadores independientes con boleta. El resto de los trabajadores independientes que emiten boletas de honorarios tendrá acceso a un crédito del Fisco con períodos de gracia y tasa de interés real de 0%.

Se dotará de recursos adicionales por US$ 120 millones a los municipios, US$ 20 millones a organizaciones sociales y alrededor de US$ 500 millones para reforzar la atención sanitaria, con foco en testeos.

La infraestructura pública será parte del plan, mediante nuevos proyectos hídricos y de vivienda. Se incrementará temporalmente la cobertura de los subsidios a la contratación vigentes para jóvenes y mujeres desde el 40% al 60% más vulnerable y se creará un subsidio mensual temporal equivalente a un porcentaje del sueldo mínimo.

Ayuda a Pymes, grandes empresas e incentivos tributarios

El acuerdo introduce mejoras a los créditos con garantía estatal Fogape-Covid, con la modificación del deducible y la ampliación de las coberturas de garantías para las pequeñas empresas. Se contempla mejorar la ley de insolvencia para reducir tiempos y costos en las reorganizaciones de las Pymes. Además, se incentivarán nuevos vehículos legales y administrativos que permitan comprar deuda de las Pymes más afectadas por la crisis, con opción de conversión en capital y manteniendo a los socios originales en la propiedad.

En la inversión privada, se reducirán los plazos y procedimientos regulatorios dentro del marco administrativo, así como disminuir tiempos en otorgamiento de permisos para inicios de inversión y reducir los plazos en evaluación ambiental de grandes proyectos por la misma vía. También se busca acelerar los trámites de los procesos de concesiones.

Desde la esfera tributaria, se prevé la rebaja del 50% del impuesto de primera categoría del Régimen Pro Pyme y la ampliación del esquema de depreciación instantánea hasta el 31 de diciembre de 2022.

También se facilitará el acceso al crédito, dado que se prevé otorgar garantía estatal parcial (60%) en la emisión de bonos u obtención de créditos de grandes empresas actualmente no cubiertas por el actual Fogape-Covid. Mientras en el Fogape regular orientado a empresas de menor tamaño no hay remuneración por la garantía estatal y la tasa de interés es de 3,5%, en este caso la tasa de interés se determina en el mercado y el beneficiario paga al Estado una comisión consistente con el riesgo.

A las empresas consideradas estratégicas solventes, se les dará un apoyo con criterios preestablecidos que se adoptará caso a caso, pudiendo considerar una combinación de tres alternativas: una garantía estatal para alentar financiamiento de terceros, deuda directa con opción de conversión en acciones y participación en el capital por un periodo preestablecido.

Fuente: La Tercera

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