Gobierno tildó de “show triste” denuncia por impresión de ejemplares de la propuesta constitucional

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El ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, calificó como “show triste” la querella presentada por el diputado del Partido Republicano Juan Irarrázaval, por el presunto delito de malversación de caudales públicos desde el Gobierno en la impresión de más de 700 mil ejemplares de la propuesta de nueva Constitución, con montos que superan los 400 millones de pesos.

Según consignó La Tercera PM, la acción apunta a su cartera, explicando que ella “puede utilizar y disponer de recursos sólo para la instalación y funcionamiento de la Convención Constitucional”, pero que cuando “se contrató la referida impresión”, el órgano constituyente “ya no existía, (…) por ende no es un gasto para su funcionamiento”.

La acción judicial fue acogida en esta jornada por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, lo que dará pie a la investigación correspondiente, que quedó en manos de la Fiscalía Centro Norte.

Para el ministro, “no sólo nos parece que es un show triste en términos políticos, sino que constituye una instrumentalización tanto de Tribunales de Justicia, como también del Ministerio Público, con evidentes fines electorales”.

“Quiero recalcar en la irresponsabilidad que esto significa, en momentos donde tanto tribunales como la Fiscalía se ven todos los días sobrepasados, haciendo mucho trabajo para poder perseguir el delito, y en este contexto, que un parlamentario acuda a estas instancias, a sabiendas de que no hay ningún hecho que haya faltado a la legalidad”, enfatizó.

De todas maneras, Jackson garantizó que “por supuesto que desde la Segpres vamos a colaborar en todo lo que sea necesario para que cuanto antes pueda resolverse y darse a conocer el resultado de esta espuria investigación”.

Jackson profundizó que el trato directo está dentro de la Ley de Compras Públicas, y se enmarca en la urgencia que el Gobierno determinó que había para imprimir los ejemplares de la propuesta en plazos acotados, así como descartó que exista un nexo entre el Ejecutivo y El Mercurio, cuya imprenta se adjudicó la elaboración de estos textos.

En paralelo, el diputado socialista Leonardo Soto comentó que “muy probablemente” los querellantes en este caso van a ser condenados en costas, en decir, a pagar por los costos de la investigación.

Fuente: Cooperativa

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