Hoy debe salir del Congreso la ley de reajuste al sector público. El Gobierno, que ha recibido duros cuestionamientos por el contenido de la legislación, modificará uno de los ejes claves, que la oposición ha denominado como un «amarre» a funcionarios que entraron al Estado durante la administración de Gabriel Boric.
Este «amarre» limitaba o endurecía las reglas para despedir o no renovar contratos de funcionarios públicos a contrata y les permite acudir a la Contraloría General de la República (CGR) cuando consideraran que una no renovación o despido era ilegal, siempre que llevaran dos años en sus funciones.
Ahora, hubo un cambio en este sentido. Según explicó el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, en conversación con radio Duna, el derecho a reclamo será para personas que lleven más tiempo en sus funciones.
En concreto, el secretario de Estado sostuvo: «Para que no se diga que el Gobierno está tratando de proteger a las personas que entraron a trabajar durante su periodo, vamos a dejar que el derecho a reclamo en la Contraloría sea solo para las personas que entraron al menos hace cinco años».
Es que, precisamente uno de los cuestionamientos que habían surgido desde la oposición era que el Ejecutivo buscaba ayudar a quienes habían ingresado a trabajar durante la actual administración. «Sería difícil de entender que con todo este cambio no pudiéramos llegar a un acuerdo», indicó también Grau.
Añadió asimismo que «es importante que el gobierno que entra pueda definir con mucha eficiencia y sin ningún contratiempo sus equipos de confianza en los gabinetes».
El secretario de Estado, además, recalcó que por «primera vez, se va a poner en la ley que todos los asesores, es decir, sus gabinetes, tienen que salir el 11 de marzo y en los casos que no se presente la renuncia, los jefes de servicio tienen que hacer valer esas salidas».
Fuente: Emol.com
