Los ministerios del Interior y Defensa ingresaron las indicaciones que entregan a las Fuerzas Armadas la facultad de proteger ciertos espacios básicos, en situaciones en que se ponga en riesgo la seguridad nacional. La decisión se da en medio de la creciente tensión en la Macrozona Norte producto de la crisis migratoria y de crimen organizado.
Para el gobierno no solo no ha sido fácil encontrar la fórmula de extender los estados de excepción en la Macrozona Sur, sino que también tomar una definición respecto a cómo actuar en la Macrozona Norte. La presión de parlamentarios oficialistas y de oposición para que se ordene la intervención de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) ha sido una constante, en medio de la tensión de la crisis migratoria y de crimen organizado entre Arica y Parinacota, Antofagasta y Tarapacá.
Y es justamente en medio de esa presión por activar el desligue de las FF.AA. en el norte del país, que el gobierno decidió jugársela por una fórmula que contempla la presencia militar, pero a la vez mantiene su postura de no invocar un estado de excepción. ¿Cómo funciona eso? A través de indicaciones al proyecto de ley de infraestructura crítica.
El jueves 22 de diciembre, los ministerios de Interior y Defensa -y con la firma del Presidente Gabriel Boric- ingresaron las indicaciones a la iniciativa que se discute en la Comisión de Constitución del Senado. Allí se expone que las labores de protección de la seguridad y el orden público, a cargo de un oficial de las FF.AA., podrán “utilizarse para el resguardo de determinadas áreas de las zonas fronterizas del país, con las atribuciones y deberes que establezca una ley u el decreto supremo respectivo”.
En ese sentido, según explicaron fuentes de gobierno, las áreas deberán especificarse en el decreto supremo que el Presidente dicte en uso de esta nueva atribución. A su vez, se establece un artículo transitorio en la Constitución, en el cual se faculta al Mandatario para dictar decretos con fuerza de ley para regular las atribuciones y deberes de las fuerzas en estos casos.
Estos decretos regirán hasta que se dicte una ley sobre la materia, y deberán contemplar las funciones en relación al orden público que deberán llevar a cabo las fuerzas en las áreas respectivas. Asimismo, deberán hacer mención a las reglas del uso de la fuerza que regirán en estos casos.
“En ningún caso el ejercicio de esta atribución podrá implicar la afectación de los derechos”
Otra de las consideraciones de las cuales se hace cargo el gobierno, a través de estas indicaciones, es que “en ningún caso el ejercicio de esta atribución podrá implicar la suspensión, restricción, limitación o afectación de los derechos y garantías consagrados en esta Constitución o en tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”. Esta medida no podrá extenderse por más de 60 días, sin perjuicio de que pueda prorrogarse por iguales periodos, con acuerdo del Congreso.
José Miguel Poblete, experto en materias de seguridad y exjefe de asesores de la Subsecretaría del Interior, cree que “la infraestructura crítica debe ser protegida contra ataques de organizaciones criminales o terroristas, así como contra desastres naturales, y poner una crisis migratoria al mismo nivel que estos ataques sólo confunde las herramientas. Extrañamente, considerando las posiciones de este gobierno, se opta por una aproximación similar a la política de ‘homeland security’ estadounidense. La moción original de los senadores era más clara, no sólo porque no incluía el tema fronterizo, sino que, además, explicitaba el rol de las Fuerzas Armadas en seguridad interior”.
Por su parte, el senador Pedro Araya (Independiente-PPD), indica que “es importante avanzar en un proyecto que permirá el resguardo de la infraestructura critica por parte de las FF.AA”, sin embargo, advierte que “más que calificar zonas fronterizas como infraestructura critica, lo que debiera abordarse cuál es el rol de las FF.AA. de la frontera, señalando con claridad qué pueden y no hacer”.
Además, agrega que “dada la compleja situación que se esta viviendo en la macro zona norte producto de la migración irregular se necesita una intervención mayor por parte del gobierno central a fin de enfrentar las externalidades negativas que esta generando esto, por ejemplo, en regiones como Antofagasta”.
En el gobierno, especialmente en Interior, hay especial preocupación, además, por las condiciones en que están hoy días los efectivos de las Fuerzas Armadas que están cumpliendo labores de fiscalización en el norte del país. Por lo mismo, se le encargó al Ejército hacer un análisis para disponer de mejores espacios para que quienes cumplan labores en la Macrozona Norte, puedan alojarse y trabajar en espacios adecuados.
Fuente: La Tercera
