Normas aprobadas en general impactarían la oferta de los alimentos.

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Una de ellas postula que su objetivo será la producción para el consumo interno, define actores esenciales que podrán usufructuar de tierra, agua y mar, y que el Estado “adoptará las medidas necesarias para regular los precios”.

Con un aplauso y de pie fue vitoreada por gran parte de los convencionales de la comisión de Medio ambiente y modelo económico la aprobación en general de la norma que “Reconoce el derecho de la soberanía alimentaria”, iniciativa N° 113, presentada por los convencionales Francisco Caamaño (Pueblo Constituyente), Gloria Alvarado (Movimientos Sociales Constituyentes), Ivanna Olivares (Coordinadora Constituyente Plurinacional y Popular), entre otros. Se trata de una propuesta que el convencional Bernardo Fontaine (Independientes-RN-Evópoli) ha definido como “un pretexto con disfraz de norma ambiental, que busca que comamos más sano, que se conserve la vida rural y volvamos a las raíces, todo con la finalidad de establecer un monopolio estatal de la semilla, los alimentos y la crianza de animales… y finalmente, un Estado que nos diga qué comer”.
En concreto, la norma señala que “la soberanía alimentaria es indispensable para el buen vivir y es el principio ordenador de las políticas agrícolas y alimentarias del país, cuyo objetivo será la producción de alimentos para el consumo interno”, y define “actores esenciales”como campesinos, pescadores, recolectores artesanales, crianceros, apicultores, pueblos indígenas y “otras personas y comunidades que trabajan en la producción y recolección artesanal y tradicional de alimentos”.

Dichos actores esenciales, según el documento, tendrán “derecho a acceder y hacer usufructo individual o colectivo de la tierra, agua y mar; al libre uso, manejo e intercambio de semillas y animales de cría, a los conocimientos, a los recursos económicos y a la biodiversidad. Además, el Estado deberá desarrollar normativas y políticas públicas destinadas a garantizar el acceso preferente de los actores esenciales, y con prioridad a mujeres y jóvenes rurales, a estos bienes. La norma agrega que “la tierra, el agua y el mar cumplen una función social y ecológica irremplazable que debe ser protegida por el Estado y no pueden quedar al arbitrio del mercado” y que “el Estado adoptará las medidas necesarias para regular los precios de los alimentos a modo de permitir un ingreso digno a las y los productores, y una adecuada disponibilidad y acceso equitativo a alimentos saludables para toda la población”. Fontaine asegura que con todo lo anterior, se busca que el Estado defina quién compra tierras y quién no. “En el fondo, esto es una estatización de la agricultura. Hay una idea de que el Estado tome el control de la producción agrícola, porque en la fundamentación del texto se habla de que en Chile se produjo una reforma agraria inconclusa, o sea, este es el camino de rehacer una reforma agraria”, dice y añade, “esta norma, además de darle al Estado un poder gigante, es volver a la edad de la piedra, ya que desprecia la libertad para elegir el alimento que uno quiere. Es una estatización donde el Estado va a terminar definiendo qué comemos”.

Pero no es la única iniciativa debatida y votada en general sobre el tema. Además, está la norma N° 388, que establece “el derecho a la alimentación adecuada y la soberanía alimentaria de los pueblos”, patrocinada por Fernando Tirado (escaños reservados) y Roberto Celedón (Chile Digno), entre otros, que fue aprobada; mientras la N° 365, que “exige al Estado velar por la seguridad alimentaria y satisfacción de las necesidades alimentarias para el consumo humano” y que fuera presentada por Roberto Vega (Independientes-RN-Evópoli) y otros, fue rechazada. También la Iniciativa Popular Indígena N° 34 aborda el tema y propone el “derecho de soberanía alimentaria como derivación del derecho a la libre determinación”. Eso sí, esta todavía no ha sido votada.

Manuela Cuvi, oficial jurista de FAO en Chile, cuenta que esa organización expuso ante la comisión de Derechos Fundamentales para que en la Constitución se reconozca explícitamente que todas las personas tienen derecho a una alimentación adecuada en condición de dignidad. Esto comprende el derecho fundamental a no padecer hambre, ocupándose de la calidad nutricional de los alimentos, pero no incluye el concepto de soberanía. “En Chile, el quintil más pobre no tiene acceso a alimentos sanos, ya que las dietas saludables pueden llegar a ser cinco veces más caras que las dietas con baja nutrición”, señala, y agrega que esto es preocupante en un país donde “tres de cada cuatro adultos sufren de obesidad o sobrepeso y más de la mitad de los niños en edad escolar tiene sobrepeso”. Cuvi detalla que “los conceptos que la FAO propone a los países son el derecho a la alimentación y la seguridad alimentaria nutricional”. Comenta que “el concepto de soberanía alimentaria tiene que ver con una demanda social de los campesinos, que pone el énfasis en la producción local y en la capacidad de definir la producción. Pero no implica ir en desmedro del comercio internacional. Incluso países que reconocen la soberanía alimentaria en sus ordenamientos jurídicos, como Ecuador o Bolivia, comercializan alimentos a nivel internacional”.

Pese a ello, la coordinadora de la comisión y patrocinadora de la norma N° 113, Camila Zárate (Pueblo Constituyente), señaló que está de acuerdo con elevar la soberanía alimentaria por sobre la seguridad alimentaria, y que dicho concepto debe ir conjuntamente para su práctica efectiva con el establecimiento de las economías locales, de la agroecología, reconocer el rol de las y los trabajadores del campo y el resguardo de la semilla campesina. Para Juan Pablo Matte, secretario general de la Sociedad Nacional de Agricultura, “la agricultura tiene como foco producir alimentos para el consumidor, a quien debemos proveerle en tiempo y forma los alimentos, para que obtenga los mejores productos posibles a precios competitivos. Para nosotros, la seguridad es el foco”. Añade que “es un falso dilema pensar que la agricultura no puede convivir con el patrimonio agrícola ancestral. Por ejemplo, la papa chilota es maravillosa, pero no es barata, y nos gustaría que se potencie y se desarrolle. Queremos que aumente la oferta y más gente tenga acceso a este gran producto. Mientras que con esta norma, están pensando en un Estado controlador de todo, que define los valores de los bienes y servicios. Es un Estado que nos restringe todas las libertades, que nos dice qué consumir… ¿Eso es lo que quieren los chilenos? Yo creo que no”.

Mientras, Jorge Valenzuela, presidente Fedefruta, sostiene que “este tipo de normas no ayuda al país, polariza la discusión, no aporta al bienestar del mundo rural y pierde de vista una buena parte del ecosistema colaborativo de la ruralidad. Creemos que la conversación en el pleno será muy distinta, pero no podemos dejar de plantear ahora nuestra preocupación”. Añade que “todas las regiones de Chile tienen agricultura y considerar la soberanía alimentaria sin seguridad alimentaria, saca del sistema a toda la infraestructura alimentaria del país, desde productores hasta distribuidores y supermercados, colocando en riesgo las economías regionales, o la seguridad de abastecimiento para la población”.

Fuente: EMOL

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