· El punto es, si todo es tan claro ¿por qué no se avanza? Y la verdad es que la respuesta debe estar en el poder judicial.
Esta semana acaba de asumir un nuevo ministro del Interior. Víctor Pérez es el número 12 en ocupar este cargo durante este siglo y la verdad es que no es fácil ser optimista respecto del combate de la delincuencia y el crimen organizado, un área donde nos hemos llenado de promesas de campaña y de nulos resultados en la práctica.
“Si las instituciones funcionan como están empezando a funcionar, no habría cómo declararme culpable”, dijo Francisco Javier Solar Domínguez, entrevista con CNN del 8 de octubre de 2011, quien junto a su pareja Mónica Caballero Sepúlveda terminaron siendo absueltos en el Caso Bombas de Chile, no obstante, en 2014 ambos fueron condenados por colocación de artefacto en España. La semana pasada la pareja fue detenida por el envío de un artefacto explosivo que pudo haberle costado la vida al ex ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter.
Hoy, sólo queda decir que el anarquista Francisco Solar fue un visionario al señalar que si las instituciones funcionaban como estaban empezando a funcionar en Chile en 2011, sería imposible condenar a gente como él y su pareja que, vale recordar, recibieron indemnizaciones de 100 y 80 millones por daño moral al ser enjuiciados por el Caso Bombas en 2012.
Se debe analizar cuál es la razón por la cual la Justicia nacional se aprecia inhibida para ejercer su rol. Mucho nos hemos enfocado en la necesidad de que exista una “condena unánime a la violencia” y si bien esto es necesario, la verdad es que en una República que se supone sólida como la nuestra las instituciones que deben asegurar el imperio de la ley no necesitan que a cada minuto exista un coro de políticos aplaudiendo o invitándoles a hacer de manera correcta su trabajo, deteniendo a quien se deba detener y condenando a quien haya que condenar.
El 22 de noviembre de 2019, el fiscal nacional Jorge Abbott dio a conocer al Congreso que “habían bajado los delitos del tráfico de drogas y estas organizaciones se han dedicado a los saqueos. Según cifras de la Fiscalía, durante el período de estado de excepción, el número de saqueos subió en un 423% respecto de 2018, mientras que el microtráfico cayó a 48%. Es decir, existe una total claridad respecto de quiénes son los que están detrás de la violencia desbordada en medio de protestas y los delitos comunes: son los mismos. Lo anterior fue refrendado por el fiscal de la zona sur Miguel Villavicencio el 15 de noviembre: “gente que tenía antecedentes por tráfico de estupefacientes estaría organizando, dirigiendo y lucrando con las manifestaciones sociales”.
El punto es, si todo es tan claro ¿por qué no se avanza? Y la verdad es que la respuesta debe estar en el poder judicial. Nos cansamos de las frases, nos cansamos de las pautas de prensa y los adjetivos. Es hora de ver resultados.
