Ante la intervención del diputado del distrito 26, Alejandro Bernales, en la sala de la cámara este martes indicando que pedirá al Mineduc que informe sobre la gestión y uso de los recursos públicos que se le otorgan a la Universidad Austral, ante la huelga legal que mantiene uno de los sindicatos que participaron de la negociación colectiva, el rector de la casa de estudios, Hans Richter, respondió.
Frente a las negociaciones con el Sindicato N°1 de Trabajadores, Richter señaló que “toda la evidencia disponible sugiere que estamos muy cerca de llegar a acuerdo”, mientras que a la acusación de Bernales sobre la respuesta tardía que habría tenido la universidad con sus funcionarios, el rector indicó que “se dio inicio a los tres procesos de negociación el 23 de mayo de 2022; por lo tanto, llevamos alrededor de noventa días negociando sistemáticamente con las directivas sindicales”.
Y agregó en su misiva que “su afirmación “ni siquiera se les estaría reajustando el IPC en sus sueldos”, no corresponde a la realidad, dado que hemos logrado proteger la totalidad del poder adquisitivo de nuestras y nuestros trabajadores en un esquema escalonado en 24 meses. Esta fórmula obedece a la imposibilidad de reajustar las remuneraciones en un 12% o 13% de IPC en un solo año, debido a las estructuras de costos de las universidades chilenas”.
Richter calificó de grave que Bernales acusara que la demora en la negociación “se debería a probables problemas económicos de la Universidad y que una mala gestión de esta casa de estudios seguramente afectaría el uso de fondos estatales entregados”, además de la idea de oficiar al Ministerio de Educación a fin de “revisar cómo la Universidad está invirtiendo y gestionando fondos públicos”, que planteó el diputado.
El académico explicó en la carta los procesos de revisión de gasto de fondos públicos que lleva a cabo la Superintendencia de Educación a través de auditorías externas, que luego son presentados al Mineduc o a la Comisióna Nacional de Acreditación. Información que ha sido sistematizada, dice la carta, y revela que la casa de estudios valdiviana no presenta problemas ni crisis económica.
Y se lee que “es inconcebible que un Diputado de la República se tome la libertad de insinuar con total desconocimiento de la realidad que la Universidad tiene problemas económicos. Hacer una afirmación como esa es por decir lo menos, temeraria y potencialmente dañina para el prestigio de la Universidad. En efecto, de una autoridad de su investidura se espera más rigurosidad y prudencia en los juicios”, concluyendo que la institución “no tolerará que irresponsablemente se ponga en tela de juicio la corrección con que esta institución usa los recursos públicos”.
