El presidente interino José Jerí lamentó el fallecimiento y deseó «que las investigaciones determinen con objetividad los hechos y responsabilidades».

Al menos un manifestante murió presuntamente por un disparo de arma de fuego durante la multitudinaria protesta del miércoles en Lima contra el Gobierno y el Congreso de Perú, según confirmó la Defensoría del Pueblo, que también reporta más de 100 heridos, entre ellos 78 policías y 24 manifestantes, así como diez detenidos.

El fallecido fue identificado como Eduardo Ruiz, quien fue trasladado al Hospital Loayza, del centro de Lima, en el que se certificó su muerte, indicó a la emisora de radio RPP el adjunto para la prevención de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo.

Ruiz era parte de las miles de personas que salieron a protestar contra el Gobierno y el Congreso por la corrupción y el aumento de la inseguridad ciudadana, impulsada por el auge del crimen organizado, y tras la ascensión al sillón presidencial del presidente del Congreso, José Jerí, tras la destitución de la presidenta Dina Boluarte por parte del Legislativo.

El presidente interino Jerí lamentó la muerte de Ruiz y deseó «que las investigaciones determinen con objetividad los hechos y responsabilidades». «Fuerza a su familia en este momento», dijo el mandatario.

De acuerdo a testigos, Ruiz murió por un disparo ejecutado supuestamente por un «terna», un agente policial encubierto entre los manifestantes sin ningún tipo de identificación policial que aparentemente había sido descubierto por un grupo de participantes en la protesta y, en su huida, abrió fuego hacia sus perseguidores.

Según la Defensoría del Pueblo, el hecho ocurrió en torno a las 23.30 hora local (4.30 GMT) en las inmediaciones de la Plaza Francia, situada en el centro de Lima, por donde transcurrió la protesta de manera pacífica hasta que un grupo de personas quisieron tumbar las protecciones del Congreso y la Policía comenzó a lanzar gases lacrimógenos indiscriminadamente.


La muerte de Ruiz también fue confirmada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), que expresó su «profunda indignación y solidaridad con su familia». «Exigimos una investigación inmediata, exhaustiva e independiente que esclarezca los hechos y determine responsabilidades», sostuvo la organización no gubernamental.