Pasadas las 15.00 horas de este martes, la Sala del Senado inició la votación de la acusación constitucional contra el exministro de Energía, Diego Pardow, por el error en las tarifas eléctricas, lo que le costó su cargo en octubre.
A eso de las 17.45 horas, los senadores votaron ambos capítulos del libelo acusatorio, los cuales fueron rechazados. El primero, fue rechazado por 28 votos en contra, 17 a favor y 1 abstención, y el segundo capítulo fue rechazado por 21 votos a favor, 21 en contra y 3 abstenciones.
Durante esta mañana, los senadores conocieron en profundidad el fondo del libelo acusatorio y tuvieron la oportunidad de escuchar a la defensa del exministro, Francisco Cox.
Cada senador tuvo 3 minutos para justificar su voto, y se requerían 26 votos para que la AC fuera aprobada.
Argumentos de la votación
El primero en tomar la palabra fue el senador José Miguel Insulza (PS) quien si bien dijo que no aprobaba la gestión de Pardow como ministro, consideró que «no he escuchado nada que me convenza que se está ante transgresiones de la ley».
Por su parte, la senadora Carmen Gloria Aravena (Ind.), planteó que «bajo ningún aspecto defenderé la gestión del exministro, sino más que nada, es claro que la forma de abordar esta crisis, que fue muy mala, por algo ya no es ministro de Energía. Nadie en esta sala puede negar que existieron errores graves (…) pero el reconocimiento de errores grandes no basta por si solo para sostener una AC».
El senador Karim Bianchi (Ind.), comentó que «escucho a la defensa y la indignación es insostenible… ¿desde cuándo el ministerio de Energía se convirtió en una guardería que decide qué es bueno o qué es malo para la ciudadanía? Me parece que es vergonzoso, inmoral… ministro, usted no solo hizo mal su mandato, sino que es inmoral en su conducta». Asimismo, dijo esperar que lo ocurrido «no sea el germen de un próximo conflicto social».
El diputado Esteban Velázquez (FRVS), planteó que «la acusación contra el ministro Pardow no está lo suficiente fundada para votar a favor».
Por su parte, el senador Juan Luis Castro (PS), dijo en su intervención que «el ambiente respecto al problema de la tarifa de las cuentas eléctricas es malo», pero reconoció que en esta acusación «que es de por si, una última ratio para infracciones gravísimas, donde no se ha probado el dolo, ni corrupción, ni un ocultamiento deliberado, donde sí hay discrepancias políticas profundas sobre cómo comunicar un caso complejo, que es otra arista de esto… pero no los hechos que puedan constituir una infracción constitucional».
«En ese sentido, perseguir la inhabilitación de 5 años parece una especie de condena de muerte cívica, que no sólo es desproporcionado, sino que injusto a la figura del exministro (…) la señal de aprobar sería grave para institucionalidad energética y el equilibrio de poderes», subrayó.
El senador Rojo Edwards (Partido Libertad), comentó en su intervención que «es claro que el Presidente Boric sabía de esta situación y ahora están pagando lealtad. Quieren salvar al exministro a costa de dinamitar este Senado, permitiendo silencios estratégicos en democracia y violaciones flagrantes a la ley y a la Constitución. Esta acusación se funda en hechos bastante objetivos, verificables y muy graves».
En su turno, el senador Gustavo Sanhueza (UDI), subrayó que «mi voto será a favor de condenar en ambos capítulos, lo hago con la convicción de que este Senado tiene el deber político, ético y democrático de restablecer la responsabilidad donde la autoridad falló y afirmar con claridad que la probidad no se negocia, no se se relativiza y no se posterga».
El senador Francisco Chahuán (RN), dijo a su turno que «la AC es un recurso de última ratio, por lo que sólo puede interponerse cuando hay otra vía de solución lesiva para exigir la responsabilidad a una autoridad; su uso indiscriminado podría generar inestabilidad política o parlamentarismo de facto, según algunos».
La senadora Fabiola Campillai (Ind.), dijo en su intervención que «nos duele y nos preocupa cuando nos suben la luz, sí, pero sobre todo,cuando nos dicen que fue un error. Escuchando a la parte acusadora y defensora, nos damos cuenta que sí fue un error, pero un error técnico. ¿Hubo responsabilidad política de parte del exministro? Sí, y la asumió cuando renunció a su cargo. No hagamos de esto un punto político y no defendamos a las grandes empresas. Hagamos que se devuelva el dinero que se les robó a las personas. Yo voy en contra de esta AC por convicción».
Por su parte, el senador Fidel Espinoza (PS), dijo que no se prestará para «estas prácticas deleznables, y considerados en su mérito los capítulos que constituyen esta acusación constitucional, me he formado la convicción de que esta no satisface el más mínimo estándar y carece de antecedentes. Por eso, voy a votar en contra de ambos capítulos… Diego Pardow, desde mi punto de vista, representa lo contrario incluso de otras autoridades de este gobierno, que hablaban de la superioridad moral; es todo lo contrario».
El senador Matías Walker (Demócratas), comentó que «ninguna de las actuaciones que sustentan esta acusación recae jurídicamente en exministro de Energía, porque todas ellas pertenecen a la esfera exclusiva de la Comisión Nacional de Energía y del Coordinador eléctrico».
En el uso de su tiempo, el senador Juan Ignacio Latorre (FA), comentó que la acusación aprobada en la Cámara, por una amplia mayoría, «no demuestra que haya existido una transgresión constitucional, abuso de poder, omisión legal, transgresión a las leyes de la República y utilizar esta herramienta para fines distintos a lo previsto debilita nuestra institucionalidad».
El senador Juan Antonio Coloma (UDI), planteó que «desde mi perspectiva, los ministros, por algo tienen roles en el sistema público chileno, porque si no, ¿para qué firma un decreto un ministro?, ¿para qué se le da una atribución? Particularmente cuando hay un monopolio en materia eléctrica (…) y obviamente es exigible una conducta mayor que constatar algo». Y añadió que «a mí me parece que hay una gestión que no fue eficiente, no fue eficaz, generó un grave daño al país del cual aún no se recupera, por eso, más allá de las valoraciones personales, voto a favor de los dos capítulos».
El senador Jaime Quintana (PPD), planteó que «se está acusando a un ministro de Energía por haber respetado el principio de prescindencia política conforme al cual no debe inmiscuirse en las decisiones técnicas (…) si bien se puede reprochar al exministro por su responsabilidad política, dicha responsabilidad política ya se ha hecho efectiva por la única persona que en un sistema presidencial está llamado a ejercer, que es el Presidente de la República».
El senador Ricardo Lagos Weber (PPD), comentó que «acá un tema de precedente, con esto, la señal que se está diciendo para los actuales y futuros ministros, es que si esta acusación se aprueba, es decirle ‘ministro, sabe qué, junto con diseñar la política y lograr pasar la ley, ahora vaya y cuestione a los organismos técnicos, o quitémosle a los organismos técnicos el rol que le estamos dando… yo voy a rechazar en los dos capítulos y espero que todos reflexionemos».
La senadora Ximena Rincón (Demócratas) comentó que «hoy no votamos con simpatías ni con cálculos políticos, hoy votamos conforme a la prueba, a la ley y a la Constitución. Lo que falló aquí no fue una fórmula matemática, lo que falló fue el deber más básico del Estado: proteger a las personas. Por eso, por deber, probidad, la Constitución y por el pueblo de Chile, mi voto es a favor (…) el ministro tenía toda la información para actuar y no lo hizo. Cuando un error técnico se convierte en un castigo al ciudadana, la responsabilidad política es ineludible».
Fuente: Emol.com
