La Comisión de Economía del Senado retomó este martes la discusión general de los proyectos que buscan modificar la normativa sobre el secreto bancario. En la sesión participó la contralora general de la República, Dorothy Pérez, quien resaltó la necesidad del organismo de acceder a las cuentas bancarias donde están los fondos públicos y afirmó que se han detectado «errores muy considerables en los pagos masivos a proveedores del aparato público».
Actualmente, el artículo 154 de la Ley General de Bancos, junto con otras disposiciones legales, establece que las operaciones de depósitos y captaciones que reciban los bancos están sujetas a secreto bancario y solo pueden entregarse a su titular, representantes autorizados o autoridades expresamente facultadas por ley. Este resguardo se mantiene, salvo excepciones, para investigaciones judiciales, fiscales, tributarias o de lavado de activos, previa autorización correspondiente.
En ese sentido, y en el marco de su presentación sobre las limitaciones actuales, Pérez expuso que hoy la Contraloría solo puede solicitar al BancoEstado información limitada a cheques pagados desde la cuenta principal y subsidiarias de entidades públicas, lo que resulta insuficiente en un contexto donde la mayoría de las operaciones son electrónicas y muchas instituciones manejan sus fondos en la banca privada. En la práctica, el acceso a la información bancaria de los organismos fiscalizados depende de que el propio titular de la cuenta autorice la entrega de antecedentes, un mecanismo que, según la contralora, «no resulta fiable desde el punto de vista de la auditoría».
Esto, dijo, puede generar retrasos, entrega de información incompleta o manipulación de datos. «Contar con la facultad de recurrir a la fuente directa de los datos aumentaría la confianza en la calidad, integridad y fiabilidad de la información financiera, mejoraría la transparencia y rendición de cuentas y tendría un efecto disuasivo en materia de fraudes», sostuvo.
La autoridad destacó que el acceso directo permitiría aplicar herramientas de analítica de datos e inteligencia artificial para detectar movimientos inusuales, duplicidad de pagos, remuneraciones fuera de rango, uso irregular de tarjetas asociadas a cuentas institucionales, y operaciones no autorizadas como inversiones en renta variable o transacciones con personas relacionadas. Respecto de posibles nuevas atribuciones, Pérez destacó que se podrían hacer cuadraturas financieras de las conciliaciones bancarias y también revisar las nóminas de pagos masivos a proveedores. Posterior a este último punto, Pérez reveló: «Nosotros durante este año y el año pasado hemos entregado auditorías, no han tenido mucha difusión, pero hemos entregado auditorías donde hemos dado cuenta de errores muy considerables en los pagos masivos a proveedores que realiza el aparato público».
Fuente: Emol.com
