La próxima semana esperan tener cerrado el pliego de demandas para entregarlo al Ejecutivo. Sobre la cifra de reajuste, dirigentes del sector afirman que estará entre 6,5% y 7% nominal.
La negociación por el reajuste del sector público es por sí una discusión tensa. Pero este año, al ser uno electoral y previo a un cambio de gobierno, será más friccionada que en otras ocasiones. En particular, la oposición ya ha levantado la necesidad de que el Ejecutivo entregue los montos que tiene provisionados para este reajuste salarial en la discusión del Presupuesto 2026.
Pero también aparecerá en las tratativas el empleo público y la dotación actual que tiene el Estado. Esto, debido a que los candidatos presidenciales de derecha y centroderecha han levantado como una de sus banderas el reducir la cantidad de empleados del sector.
En esta línea, la carta del Partido Republicano, José Antonio Kast, tiene como promesa “terminar con los apitutados” y los “operadores políticos”. Y por lo mismo, dice que una vez que lleguen a La Moneda, realizarán una auditoría para determinar cuántos trabajares públicos hay.
Otro que ha sido enérgico en esta materia es el representante del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, quien tiene considerado despedir a 100 mil trabajadores del sector público. Y la abanderada de Chile Vamos, Demócratas y Amarrillos, Evelyn Matthei, propone medidas de austeridad fiscal como el crecimiento cero del empleo público, una reducción del 50% en los cargos de confianza y una disminución de los costos operacionales, incluyendo horas extras y viáticos, entre otras medidas.
Frente a este escenario, la mesa del sector público ya definió que incluirá dentro de su petitorio para la negociación que debe llevar adelante con el Ejecutivo, una norma que resguarde la estabilidad laboral de los trabajadores, de modo de evitar los despidos arbitrarios, señalan. Si bien el presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (Anef), José Pérez, afirma que la demanda por la carrera funcionaria y la estabilidad de los trabajadores está presente en todas las negociaciones, añade que “ahora, dado el cambio de gobierno y las propuestas que ha entregado la ultraderecha, cobra mayor preponderancia una medida como esta”.
En ese sentido, el dirigente gremial asevera que lo que se buscará es darle a los funcionarios públicos una “mayor certeza laboral”, puesto que “somos trabajadores del Estado y no de un gobierno de turno”.
La coordinadora de la mesa del sector público y dirigente nacional de la Confusam, Laura San Martín, profundiza en la propuesta: “En momentos que los funcionarios públicos han sido tan desprestigiados nuestro objetivo ( en esta negociación) es la defensa de los trabajadores. Eso lo queremos plasmar en nuestro pliego de peticiones que le entregaremos al gobierno”.
San Martín indicó que esta propuesta toma fuerza en momentos en que un candidatos “nos llamó parásitos y por la disminución que quieren hacer del Estado. Queremos defender el rol del funcionario público y la importancia que tiene dentro de la sociedad. Por ello, buscaremos que se incluya como norma la estabilidad del empleo público”.
Las cifras al segundo trimestre de este año muestran que actualmente en la administración central, que es la que depende netamente del gobierno de turno, hay 523.195 cargos, lo que se traduce en un alza anual de 38.914. Este aumento se descompone en un incremento de 38.914 cargos en los Servicios Locales de Educación (SLE) y de 3.416 cargos en Servicios de Salud. En el resto de los cargos, hubo una disminución de ocho mil trabajadores en un año.
Pero más allá de las cifras, el debate ya está instalado y probablemente se tomará buena parte de la discusión del reajuste salarial.
La cifra que demandarán
La mesa del sector público, integrada por 16 asociaciones de funcionarios, está ad portas de cerrar la propuesta que presentarán al gobierno. Durante la mañana de este miércoles tuvieron una nueva reunión donde se avanzó en distintas materias, una de ellas, la mencionada estabilidad laboral, junto con los temas de 40 horas para el sector público y teletrabajo. El próximo miércoles tienen agendada una cita para, ojalá, indican, concluir el pliego de demandas.
De ser así, se comenzará a redactar la versión final del texto que será entregado al Ejecutivo. Dado los tiempos, todo este proceso será después de las elecciones presidenciales y parlamentarias del 16 de noviembre.
En cuanto a la cifra que pedirán de reajuste, los dirigentes explican que todavía faltan detalles, pero puntualizan que estará entre 6,5% y 7% nominal, ya que la idea es recuperar, al menos, el poder adquisitivo.
Tradicionalmente, la negociación del reajuste del sector público se inicia durante la última semana de noviembre, aunque este año, los trabajadores pretenden partir antes, dado el contexto electoral. El nuevo monto debe comenzar a regir el 1 de diciembre de este año, aunque puede ser retroactivo, es decir, puede terminar de legislarse durante diciembre.
Fuente: latercera.com
