La Universidad San Sebastián, en el marco del Plan Salmón 2050, presentó una propuesta técnica para modificar la Ley 20.249, buscando que los tribunales de justicia asuman la acreditación de usos ancestrales y agilizar la inversión regional.
En el marco del “Plan Salmón 2050”, la academia y diversos actores regionales presentaron un análisis jurídico que propone modificaciones sustanciales a la Ley Lafkenche.
La iniciativa surge tras un informe de la carrera de Derecho de la Universidad San Sebastián (USS), sede Patagonia, que detectó dificultades transversales en la aplicación de la normativa vigente.
Según los expertos, el actual procedimiento administrativo ha truncado el crecimiento de la “acuicultura y la salmonicultura” a nivel regional.
Una de las modificaciones más relevantes consiste en que la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) deje de determinar el uso consuetudinario de los espacios costeros.
En su lugar, se propone que sea un tribunal de justicia, actuando como un tercero imparcial, quien resuelva estas solicitudes.
Según María Paz Olavarría, abogada y jefa de carrera de Derecho de la USS Patagonia, gran parte de los expedientes están hoy «estancados» por falta de recursos y presupuesto en los organismos administrativos.
El análisis aborda directamente la aplicación del Convenio 169 de la OIT, que exige la consulta indígena ante medidas que afecten a pueblos originarios.
La propuesta técnica sugiere que el informe resultante de este proceso sea considerado por el tribunal, pero no tenga carácter vinculante.
El documento, presentado ante el Gobernador Regional, el Delegado Presidencial y parlamentarios, argumenta que la ley actual ha desviado su objetivo original de reconocimiento ancestral. En la práctica, se han detectado solicitudes de comunidades que no residen en el territorio o que no logran acreditar un uso histórico real del espacio solicitado.
La reforma busca un «desarrollo equilibrado del territorio» que entregue certeza jurídica para la inversión y proteja la economía circular y el empleo en la región. Dado que la modificación legal implica implicancias de orden económico, la propuesta debe ser canalizada a través del Ejecutivo para su ingreso formal al Congreso Nacional.
Se espera que tras un breve plazo para recibir observaciones de diversos actores sociales, el documento final sea entregado al Gobierno en las próximas semanas para iniciar su discusión legislativa.
