El último Informe de Violencia Multigremial de La Araucanía, correspondiente a julio de 2026, reveló que se registran 67 muertes asociadas a actos de violencia en la zona.
Del total de víctimas fatales documentadas, un 55% (37 personas) perdieron la vida bajo la vigencia del Estado de Emergencia decretado en el sector.
El documento destaca que, entre los años 2012 y 2026, se contabiliza el asesinato de ocho funcionarios de Carabineros y un miembro de la PDI.
Además, el reporte advierte sobre una situación de gravedad institucional en el marco judicial de la macrozona sur.
El imputado formalizado por el homicidio del Cabo 1° Marcos Cosme Barquero en Valdivia (julio 2026) es el mismo sujeto prófugo acusado por el asesinato de Eugenio Naín en 2020.
Concentración territorial y quiebre de tendencia
La distribución de los ataques muestra que el 73% de los hechos de violencia de 2026 se concentran en la Región de La Araucanía.
Dentro de esta región, la provincia de Malleco se mantiene firmemente como el principal foco territorial de conflicto.
Durante el mes de julio de 2026, la zona experimentó un quiebre en la tendencia a la baja que se venía registrando desde junio.
Este retroceso mensual se debió a dos hechos de mayor connotación: un atentado incendiario en Lautaro y el homicidio del funcionario policial en Valdivia.
En materia operativa, entre enero y julio de 2026 se registraron 16 detenidos en diversos procedimientos de seguridad.
De ellos, 10 están vinculados directamente a Hechos de Violencia (HDV) y seis por delitos conexos de drogas, armas e incendios.
Llamado a desarticular grupos radicales
A través de una vocería del sector, se destacó que las cifras demuestran una baja sustancial en la cantidad de atentados en comparación al periodo previo al estado de excepción.
Asimismo, se recordó que diversos sectores políticos y sociales se opusieron inicialmente a la implementación de esta medida constitucional.
No obstante, los emisores de la declaración afirmaron que los resultados de la medida hablan por sí solos ante la ciudadanía.
«Existen avances aún importantes en la desarticulación de los grupos extremistas, pero debe ejecutarse esto hasta el final, hasta la desarticulación completa», señalaron.
El informe concluye que, si bien hay una reducción cuantitativa de la violencia, la capacidad operativa de estas orgánicas sigue activa.
Por este motivo, se requiere mantener el Estado de Excepción y tener mayor coordinación con el Poder Judicial para asegurar eficacia, celeridad y la desarticulación definitiva de los grupos.
