Este martes, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible una querella contra quienes resulten responsables por el delito de malversación de caudales públicos a raíz del proceso de compra directa de casi 700 mil ejemplares del proyecto de nueva Constitución que será plebiscitado el próximo domingo 4 de septiembre.
La acción fue presentada por el abogado y militante de Renovación Nacional (RN) Marcelo Brunet.
Brunet fundamenta la querella luego que mediante una resolución exenta del 21 de julio suscrita por la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), se aprobara la contratación Impresión y distribución del texto de la propuesta de Nueva Constitución, cuyo objeto era la impresión y distribución de 692.000 ejemplares.
En ese sentido, el documento indica que los responsables “de aquello” son el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Giorgio Jackson, y la subsecretaria de esa entidad, Macarena Lobos.
La denuncia sostiene su argumento en tres aspectos: “Primero, no había causa de urgencia y se gastaron recursos que no estaban disponibles, ya que debieron reintegrarse al Estado para uso de otras necesidades. Segundo, no estaban disponibles el día en que se hizo la contratación. Debían reintegrarse y terminaron gastándose en la impresión de los textos”.
“Los fondos eran para la instalación y funcionamiento de la convención constitucional, la que al día 11 de julio, no existía por mandato legal. Y tercero, porque el Ministerio Secretaría General de la Presidencia no tiene como función propia las labores de difusión, lo que excede por largo sus atribuciones”, señaló.
La querella solicita una amplia investigación del caso, y va en línea con la denuncia que realizó Brunet ante la Contraloría General de la República (CGR) por las mismas razones el pasado 4 de agosto.
