Luis Márquez

La fitopatóloga estuvo en Campo al Día de Radio SAGO y entregó importante información sobre este tema. https://open.spotify.com/episode/0wWeu8zZ2NcyOytR0bvWN9?si=o-w44x_dRD-xpIsQ0VnEwg

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Gremios de la madera advierten graves consecuencias del proyecto de Ley de Incendios 29 de enero de 2025  La propuesta legal omite medias de prevención de la ocurrencia, castiga a los pequeños propietarios forestales y agrícolas y no incluye medidas como el patrullaje preventivo efectivo, ni la creación de fiscales exclusivos. Los gremios agrupados en Futuro Madera, que representan al conjunto de los actores ligados a la actividad forestal, expresaron su preocupación por el proyecto de Ley de que Regula la Prevención de Incendios Forestales y que está en su fase final de votación en la Comisión de Agricultura del Senado. “Lamentamos que la autoridad haya desestimado las reiteradas observaciones que los gremios de la madera plantearon durante su tramitación, manteniendo de manera inflexible un enfoque basado en responsabilizar, y por lo tanto imponer gravosas exigencias, a los pequeños propietarios forestales y agrícolas”. Desde la red integrada por la Asociación Chilena de Biomasa (AchBiom), la Asociación de Contratistas Forestales (Acoforag), la Asociación de Propietarios de Bosque Nativo (Aprobosque), el Colegio de Ingenieros Forestales de Chile (Cifag), la Corporación Chilena de la Madera (Corma) y los Pequeños y Medianos Industriales de la Madera (Pymemad) explicaron que la propuesta legal omite cualquier medida orientada a la prevención de la ocurrencia de incendios. Según explicó el secretario ejecutivo del Colegio de Ingenieros Forestales, Julio Torres, la imposición de nuevos instrumentos de planificación a los pequeños y medianos propietarios forestales y agrícolas, considerados en la ley, no resuelve el problema de los incendios y la irresponsabilidad del uso del fuego por parte de terceros. “Un enfoque punitivo hacia quien no origina los incendios, se contrapone a una deseable estrategia público-privada de prevención, tanto de la ocurrencia como de la propagación de incendios, como lo aconsejan los expertos internacionales y como ha demostrado la experiencia en nuestro país”. Este enfoque criminaliza a las víctimas, a quienes sufren los incendios y se desentiende de quienes los originan, considerando severas sanciones en caso de incumplimiento de las medidas preventivas, sin comprometer apoyo financiero a los propietarios que no pueden pagar. Actualmente la multa a un propietario por infracción gravísima supera los 600 millones de pesos. Michel Esquerré, presidente de Pymemad, señaló que se están entregando negativas señales al sector forestal en su segmento pyme, desincentivando la creación de cobertura forestal en entornos rurales, lo que a su vez agravará la crisis de abastecimiento de la pyme maderera. “Todo esto en momentos en que se le exige a la actividad forestal un protagonismo en la mitigación de gases de efecto invernadero”. Asimismo, el representante del gremio maderero dijo que le preocupa que “no se considera el impacto en toda la cadena de producción de las pymes madereras, desde los propietarios afectados a la madera industrializada y la bioenergía”. Sobre la anticipación de la ocurrencia, “y dado que en el futuro con más frecuencia tendremos eventos climáticos de altas temperaturas, el proyecto debería contemplar patrullajes climáticos preventivos, con la participación de policías y Fuerzas Armadas, además de la creación de fiscales exclusivos y la entrega de mejores medios y recursos para que la Fiscalía, dada la alta intencionalidad histórica, pueda investigar con más atribuciones y lograr las pruebas suficientes para la detención y condena de los culpables de incendios intencionales”, explicó René Muñoz, gerente de Acoforag. Desde Futuro Madera hicieron un llamado urgente a los senadores a que evalúen con detenimiento la gravedad de los planteamientos incluidos en el proyecto y a que consideren los impactos futuros sobre el sector forestal, agrícola y rural que podrían surgir de su aprobación. “El sector forestal y el país no pueden permitirse proyectos de ley que, basados en diagnósticos errados o parciales, criminalice a los actores más vulnerables de un sector esencial para la economía nacional”, sostuvieron.

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