La Contraloría Regional de Los Lagos remitió antecedentes al Ministerio Público tras advertir posibles delitos en la declaración de nacionalidad de sociedades que adquirieron tierras en zonas estratégicas de la frontera.
La Contraloría General de la República (CGR) emitió una alerta sobre los riesgos asociados a la compra de terrenos en zonas fronterizas por parte de personas con doble nacionalidad. La fiscalización se centró en la comuna de Futaleufú, específicamente en el sector de Lago Lonconao, donde se detectaron irregularidades en la adquisición de 448 hectáreas.
El organismo fiscalizador analizó escrituras públicas del año 2016 correspondientes a las sociedades Inversiones Talavera Limitada e Inversiones Rumbo Sur SpA. En dichos documentos no se consignó la nacionalidad de los integrantes de las sociedades, lo que contraviene los protocolos de seguridad nacional en áreas limítrofes.
El marco legal y la prohibición vigente
De acuerdo con el Decreto de Ley N° 1.939, se prohíbe explícitamente que nacionales de países limítrofes adquieran el dominio de bienes raíces en zonas fronterizas chilenas. Esta restricción busca resguardar el interés nacional y la soberanía del territorio.
La normativa extiende esta prohibición a personas jurídicas cuyo capital pertenezca en un 40% o más a ciudadanos de países vecinos. También aplica para aquellas empresas cuyo control efectivo esté en manos de personas de dichas nacionalidades.
En el caso de Futaleufú, la Contraloría detectó que un representante legal declaró bajo juramento que la sociedad no pertenecía a ciudadanos de países limítrofes. Sin embargo, datos del Servicio de Impuestos Internos (SII) revelaron una participación del 32% de ciudadanos argentinos.
Riesgos de la doble nacionalidad
Si bien el 32% detectado no supera el límite legal del 40%, la Contraloría advirtió que la omisión de la doble nacionalidad en las declaraciones juradas representa un riesgo crítico. El organismo señaló que compradores podrían ocultar su ciudadanía de un país limítrofe para eludir controles.
Ante la posibilidad de que se haya falseado una declaración jurada, la CGR derivó el caso al Ministerio Público para investigar la eventual comisión de delitos. Además, se notificó a los ministerios del Interior, Relaciones Exteriores, Defensa y Bienes Nacionales.
Denuncias y presión en el Senado
El caso tomó relevancia pública tras las denuncias de los senadores Fidel Espinoza (PS) y Enrique Lee. Espinoza calificó las compras como «absolutamente irregulares» y acusó al ciudadano argentino Francisco Bresky de vulnerar la ley chilena aduciendo otras nacionalidades.
Junto con las irregularidades administrativas, el parlamentario denunció que habitantes de Futaleufú han reportado hostigamientos y amenazas de muerte por parte del involucrado.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) ya confirmó la recepción de los antecedentes para evaluar acciones legales.
