Durante la mañana de este martes, el Defensor Nacional, Carlos Mora, rindió la cuenta pública de la Defensoría Penal Pública, revelando que más de 121 mil imputados fueron absueltos o sobreseídos en 2021, la cifra más alta desde la reforma procesal.
En la instancia, que fue llevada a cabo en modalidad virtual, Mora destacó el trabajo de la Defensoría y expresó su preocupación por el abuso de la prisión preventiva.
“La Defensoría ha advertido reiteradamente que un uso excesivo de la prisión preventiva puede convertirse en una condena anticipada para miles de personas que -eventualmente- terminarán condenadas a penas no privativas de libertad o que no recibirán ninguna sanción por ser absueltas de todo cargo”, advirtió al respecto.
Añadiendo que “(El desafío) es tener siempre presente que las medidas relativas a la privación de libertad no pueden resolverse en legislaciones rápidas o también llamadas agendas cortas, sino que deben obedecer a políticas públicas cautelares pensadas, diseñadas y aplicadas desde los principios, pues son éstos los cimientos de cualquier normativa democrática”.
En ese sentido, Mora entregó cifras al respecto, detallando que durante el año pasado ingresaron 310 mil 723 causas a la Defensoría y que, de este total, hubo 15 mil 321 personas a las que se le aplicó prisión preventiva, lo que representa una baja del 16,4% respecto de quienes recibieron esta medida cauterlar en 2020.
Sin embargo, subrayó la preocupación de la institución ya que a la fecha hay 121 imputados que llevan más de dos años privados de libertad esperando un juicio, superando el límite legal.
Cifra récord de imputados declarados inocentes
Ahora bien, el Defensor Nacional también abordó la cantidad de personas imputadas durante 2021 que terminaron siendo absueltas o sobreseídas, revelando que en total, hubo 121 mil 342 personas que pasaron por esta situación, “la cifra más alta desde los inicios de la reforma procesal penal”.
Esto, según explicó Mora, se da en el contexto de que el 55% de las personas que resultaron ser inocentes fueron imputadas por delitos vinculados a infracciones sanitarias, mayoritariamente a las del artículo 318 del Código Penal, que durante 2020 y 2021 se utilizó para perseguir el incumplimiento del toque de queda y de las cuarentenas sanitarias.
“A inicios de la pandemia, la política criminal adoptada por el Ministerio Público consistió en utilizar la figura del artículo 318 del Código Penal para perseguir infracciones sanitarias relativas a los incumplimientos de cuarentena y permisos de movilidad. Lo anterior generó un ingreso y recarga masiva del sistema penal, utilizando la herramienta penal para controlar un fenómeno sanitario”, sostuvo.
Añadiendo que “posterior a que la Defensoría Penal Pública acudiera a los máximos tribunales del país, se confirmó la tesis que siempre habíamos sostenido”, lamentando que esta situación “distorsionó el funcionamiento regular del sistema, e impactó alterando las estadísticas históricas de ingresos y cargas de las instituciones que conforman el sistema de justicia penal”.
Convención Constitucional y autonomía de la institución
Finalmente, en su discurso también abordó el trabajo de la Convención Constitucional y destacó la idea de consagrar constitucionalmente la autonomía de la Defensoría, dejándola con el mismo estatus de independencia que el Ministerio Público y el Poder Judicial.
Sin embargo, expresó su preocupación por un cambio en la estructura directiva que –según dijo- ha sido eficiente y exitosa hasta ahora.
“Tanto la figura del Defensor Nacional como la actual estructura directiva de la institución otorgan certeza sobre lo que la Defensoría Penal Pública ofrece y compromete, siendo ello esencial cuando se trata de gestionar adecuadamente una garantía judicial como la defensa penal y al momento de resolver, con oportunidad y estrategia, los casos complejos que abordamos”, concluyó.
Fuente: Emol.com
