Así lo afirmó el abogado, Braulio Sanhueza, quien representa a 134 trabajadores de los recintos que fueron administrados por la Universidad de Los Lagos.
El jurista recordemos en representación de los trabajadores, busca a través de una demanda interpuesta en contra de la casa de estudios superiores, el pago de sus remuneraciones adeudadas, además de las indemnizaciones respectivas.
Sanhueza puntualizó que hay hechos en el traspaso del CFT e IP Los Lagos a la Corporación Kimün que podrían ser constitutivos de delitos penales.
Es más, en ese marco el abogado fue claro en señalar que la Universidad de Los Lagos no puede desentenderse recalcando que aquí hay que indagar hechos que revisten carácter de delito y donde hay un traspaso que involucra el manejo de dineros públicos.
Sobre esta demanda, cabe precisar que la ULagos, a través de su vicerrector Roberto Jaramillo, comentó que está siendo analizada por los abogados de la universidad.
Cabe recordar que la Corporación Kimün está envuelta en el Caso Convenios tras recibir del Gore de Los Lagos $1.200 millones, los que no fueron utilizados para el proyecto de saneamiento de títulos de dominio que presentaron.
Por este hecho, su representante legal, Jaime Huincahue, fue formalizado por delitos de corrupción pública y lavado de activos, quedando con arresto domiciliario.
En tanto, que Diego Ancalao, quien preside la Fundación para el Desarrollo y Liderazgo Indígena (Fundelin) -institución a la que Kimün le traspasó el CFT e IP Los Lagos en julio de este año- está en prisión preventiva por el Caso Convenios tras ser imputado por los delitos de fraude, estafa y lavado de activos.
