Dos ciudadanos ecuatorianos fueron imputados en Rio Negro por “Trata de personas”.Prisión preventiva.

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El delito de Trata de personas desde que se inició la Reforma Procesal Penal en forma gradual en todo el país, el año 2010, nunca había sido imputado a ninguna persona en la Región de Los Lagos, por lo tanto constituye un hito en el marco de la persecución de los delitos por parte del Ministerio Público.

En el Juzgado de Garantía de Río Negro, comparecieron dos ciudadanos ecuatorianos para la audiencia de Control de la Detención y Formalización, luego que fueran detenidos por la Policía de Investigaciones en Osorno, para que se inicie una investigación por el delito de Trata de personas.

De acuerdo a los primeros antecedentes, la Policía de Investigaciones controló a un ciudadano ecuatoriano en la ciudad de Purranque, el cual vendía artesanía en la calle.

Los funcionarios se percataron que la Cédula de Identidad estaba adulterada y la foto solo se parecía a quien la portaba,por lo tanto era un documento falsificado, lo que motivó su detención.

En esas circunstancias el hombre confesó que había sido traído engañado a Chile, desde la ciudad de Otavalo, en Ecuador, por otros dos ciudadanos de su misma nacionalidad, los cuales lo mantenían viviendo en deplorables condiciones  y trabajando para beneficio de ellos, en el lugar donde trabajaban,comían, se bañaban y dormían, con una jornada de laboral extenuante y sin sueldo, permitiendo utilizar solo $3.000 por día para comida.

En la audiencia efectuada en el Juzgado de Garantía, la Fiscal Jefe de Rio Negro Leyla Chahin,  les imputó el delito de Trata de personas, y reveló que usando el mismo sistema de ofrecerles un buen trabajo en Chile, a lo menos hay 3 victimas, entre ellos un menor de edad.

Finalmente, el Juez Jorge Saavedra desestimó los argumentos de la Defensa que cito varios tratados internacionales y decretó prisión preventiva por peligro de fuga, para la pareja de ecuatorianos, Rosa Cristina Tambaco Morales de 27 años y Cesar Cabascango Pachito, de 30 años, domiciliados en San Pedro de la Paz, Concepción. El plazo de investigación se extenderá por 120 días.

 

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