La Asociación de Contratistas Forestales estima que la modificación permitiría arrendar tierras comunitarias hoy improductivas. De las cerca de 270 mil hectáreas entregadas por el Estado en las últimas tres décadas, se calcula que la mitad se encuentra en situación de abandono o sin uso agrícola.
La propuesta de modificar la actual Ley Indígena, que permitiría flexibilizar la tenencia de tierras para facilitar el arriendo y la inversión, abre la puerta para reincorporar al ciclo productivo entre 130.000 y 150.000 hectáreas en la Macrozona Sur, según la Asociación de Contratistas Forestales de Chile.
Cabe mencionar que desde la promulgación de la normativa hace más de 30 años, el Estado ha transferido entre 260.000 y 270.000 hectáreas a comunidades, desembolsando más de $700 mil millones.
Terrenos entregados y cifras de abandono
René Muñoz, gerente de la Asociación de Contratistas Forestales, detalló en conversación con Radio Sago la compleja situación en la que se encuentran estas propiedades, afirmando que «el 50% a lo menos está abandonada. Se le entregaron, sacaron lo que había y ahí quedó.»
Según Muñoz, en algunos predios existe solo una economía de subsistencia, mientras que una gran proporción simplemente no registra ninguna actividad productiva.
Limitaciones del modelo comunitario
El estatus de propiedad comunitaria es señalado desde el gremio como el principal obstáculo para el desarrollo económico individual, ya que «si algún comunero quiere invertir (…) él por sí solo no puede ir a un banco, pedir un crédito o arrendar esa tierra», explicó Muñoz.
Esta limitación jurídica impide a los propietarios acceder a nuevas tecnologías o traspasar el uso del suelo improductivo a terceros mediante contratos de arriendo.
Potencial productivo y consulta indígena
La reactivación de estas 150 mil hectáreas beneficiaría directamente la economía local de la zona centro-sur del país, debido a que los predios recuperados podrían destinarse a dinamizar la industria ganadera, agrícola e incluso al rubro forestal.
Para materializar esta reforma, anunciada por el presidente José Antonio Kast en su primera Cuenta Pública, el proceso legislativo deberá cumplir con las normativas internacionales vigentes aplicables a los pueblos originarios.
Esto implicará realizar las consultas correspondientes bajo el Convenio 169 de la OIT, fomentando el diálogo directo con las comunidades.
