La Seremi de Bienes Nacionales de Los Lagos inició un exhaustivo estudio de títulos tras denuncias sobre la adquisición de más de 200 hectáreas en el sector del lago Lonconao. La operación, que involucra a ciudadanos de nacionalidad argentina, podría vulnerar la normativa de soberanía nacional que prohíbe la venta de tierras fronterizas a nacionales de países limítrofes.
El Seremi de Bienes Nacionales de la Región de Los Lagos, Nicolás Yunge, confirmó que la institución se encuentra recabando antecedentes para analizar la legalidad de una compraventa de tierras en la comuna de Futaleufú.
La revisión surge tras las denuncias de residentes locales sobre la adquisición de predios por parte de ciudadanos argentinos, una zona considerada estratégica para la soberanía nacional.
La propiedad en cuestión consta de más de 200 hectáreas situadas en las inmediaciones del lago Lonconao y fue adquirida originalmente en el año 2016 por la sociedad «Rumbo Sur».
Investigación en zona estratégica
Nicolás Yunge explicó que, aunque se trata de un contrato entre privados, la repartición solicitó formalmente los documentos al Conservador de Bienes Raíces de Futaleufú.
«Desde la Delegación Provincial de Palena -de Bienes Nacionales- se solicitaron estos antecedentes para hacer el estudio respectivo y generar nuestra propia opinión jurídica», señaló la autoridad regional.
El objetivo es determinar si hubo una omisión de información respecto a la nacionalidad de los compradores, identificados como Jorge Becerra y María Teresa Taschetti.
Por su parte, el senador (PS) Fidel Espinoza, detalló que uno de los compradores es el argentino Francisco Bresky, lo por lo que ofició al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado para que indaguen el caso.
Restricciones de soberanía nacional
La normativa vigente, específicamente el Artículo 7 del Decreto Ley 1939 de 1979, prohíbe a nacionales de países limítrofes adquirir dominio en zonas fronterizas.
Esta prohibición se remonta a 1977 y establece que tales operaciones solo pueden realizarse mediante una autorización expresa del Presidente de la República, la cual no existiría en este caso.
La defensa de los involucrados argumenta que la compra se realizó bajo su doble nacionalidad argentino-española, lo que habría permitido la firma del contrato como ciudadanos europeos.
Impacto en la comunidad local
Vecinos de la región han manifestado su preocupación ante lo que consideran una vulneración de las leyes que protegen el territorio nacional en áreas limítrofes.
«Nos preocupa mucho que ciudadanos argentinos compren regularmente en una zona que, por ley, no se puede», afirmó Ángelo González, presidente de la junta de vecinos local.
Actualmente, los antecedentes también están siendo analizados por el Ministerio Público, mientras se reporta que la propiedad habría sido trasladada a capitales uruguayos.
La resolución de este estudio de títulos será clave para definir si el Estado chileno debe iniciar acciones legales para revertir la compraventa de estos terrenos estratégicos.
