La Unidad de Deltos contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural de la Fiscalía Regional de Los Ríos obtuvo una histórica sentencia condenatoria contra Cristian Esteban Zaro Ponce, en el primer juicio oral realizado en Chile por el delito de contaminación ambiental con resultado grave, contemplado en la nueva legislación sobre delitos económicos y medioambientales.
El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valdivia lo condenó a penas que suman cinco años de presidio y al pago de una multa de 30.000 unidades tributarias mensuales (UTM), equivalentes a más de $2.100 millones, por su responsabilidad en la destrucción de un humedal ubicado en la comuna de Mariquina.
La sentencia, dada a conocer este lunes 19 de octubre, estableció una pena de cuatro años de presidio por el delito de contaminación ambiental con resultado grave y otra de un año por tala o corte no autorizado de árboles o vegetación nativa. El tribunal sustituyó ambas penas privativas de libertad por cinco años de libertad vigilada intensiva, régimen que contempla supervisión de Gendarmería de Chile y la obligación especial de participar en programas formativos en materia ambiental. Además, impuso una multa adicional de 15 sueldos vitales por el delito de tala ilegal.
Los hechos acreditados durante el juicio ocurrieron entre octubre de 2023 y febrero de 2024, en el predio El Yeco, ubicado en la comuna de Mariquina, a orillas del río Lingue. En ese lugar, el condenado dispuso la tala de vegetación nativa, la remoción de tierra mediante maquinaria pesada y el depósito de material sobre un humedal palustre, provocando su destrucción y afectando la flora, la fauna y las funciones naturales de este ecosistema. Asimismo, intervino dos quebradas que aportaban agua al humedal, alterando su funcionamiento hídrico.
La investigación fue dirigida por la Unidad de Delitos contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural de la Fiscalía Regional de Los Ríos, en coordinación con la Brigada Investigadora de Delitos contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural (BIDEMA) de la PDI y organismos técnicos competentes. Durante las cinco jornadas del juicio oral, el Ministerio Público presentó prueba testimonial, pericial y documental que permitió acreditar la responsabilidad penal del acusado y la gravedad de las consecuencias ambientales de las intervenciones realizadas.
Esta sentencia constituye un hito para la persecución penal ambiental en Chile, al ser la primera dictada tras un juicio oral por el delito de contaminación ambiental con resultado grave bajo la nueva legislación. El resultado refleja el trabajo especializado de la Fiscalía de Los Ríos y la coordinación con la PDI y organismos técnicos para investigar y perseguir penalmente conductas que provocan daños graves a los ecosistemas.
