La ONG Campo Seguro, que reúne a cinco gremios agrícolas de las regiones de Los Ríos y Los Lagos (SAVAL, APROVAL LECHE, APROLECHE, SAGO y AGROLLANQUIHUE) expresó su apoyo a las recientes declaraciones realizadas por el ministro de Defensa, Fernando Barros (en la imagen), quien calificó como un riesgo para el país la actual aplicación del Convenio 169 de la OIT y de la Ley Lafkenche.
«Coincidimos en la urgencia de revisar estos instrumentos jurídicos, los cuales, lejos de cumplir sus objetivos originales, se han transformado en las principales trabas para el desarrollo económico, actividades productivas y la seguridad del Chile rural. Desde nuestra perspectiva, como promotores del desarrollo económico y de los habitantes del mundo rural, la Ley Lafkenche ha paralizado importantes proyectos de inversión marítima y costera debido a solicitudes de espacios marinos que carecen de justificación técnica real. Esta situación vulnera el derecho al trabajo de pescadores artesanales, pequeños emprendedores y sectores industriales que sostienen la economía de nuestras regiones», señaló Campo Seguro en un comunicado.
Por otra parte, la ONG planteó que la aplicación del Convenio 169 de la OIT ha generado una profunda incerteza jurídica en el sector rural. «Los procesos de consulta previa se han desvirtuado, convirtiéndose en mecanismos de veto arbitrarios que ahuyentan la inversión, destruyen empleos y fomentan la división social entre los chilenos, rompiendo la paz en las comunidades de nuestro campo. Tampoco podemos ignorar, que bajo el amparo de estas normativas se han justificado usurpaciones y reclamos territoriales ilegítimos que amenazan la soberanía alimentaria y la seguridad. Un país no puede prosperar si sus leyes se utilizan para frenar el progreso del motor productivo agrícola y marítimo», añadió.
Por ello, la ONG Campo Seguro hizo un llamado transversal al gobierno, parlamentarios y sociedad civil, a respaldar la postura del Ministro de Defensa. «Es momento de avanzar hacia una legislación moderna que garantice igualdad ante la ley, proteja la propiedad privada y devuelva la certeza jurídica necesaria para que el campo chileno vuelva a producir en paz», cerró.
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