A más de cinco años de presentada la querella por eventuales delitos vinculados a malversación de caudales públicos ocurridos al interior de la Corporación Municipal para la Educación, Salud y Atención de Menores de Ancud, y que se habrían cometido durante la administración de la otrora alcaldesa Soledad Moreno Núñez (DC), finalmente el Ministerio Público decidió tomar cartas en el asunto tras un largo período de inacción (que incluyó la remoción del Fiscal Javier Calisto), y se decidió pedir que se formalizara a dos exdirectivos.
De momento, se comenzará con el ex Secretario General de la Corporación, Luis Armando Ampuero Chiguay, quien también fue ex Presidente del Colegio de Profesores de Chile A.G. para la Región de los Lagos, y con el ex Jefe de Finanzas de la Corporación, Abdón Rigoberto Barría Bórquez, así fue confirmado por el Fiscal adjunto de Castro, Fernando Metzner.
La solicitud para audiencia de formalización, se da en el marco de diversas diligencias que se han estado realizando durante los últimos cinco meses luego que el fiscal de Ancud, Javier Calisto Garay, fuera removido del caso por un presunto actuar negligente que hacía peligrar todo el proceso indagatorio por inactividad procesal, y que se relaciona a posibles vínculos y conflictos de interés respecto a algunos imputados.
A este respecto, el nuevo persecutor penal pidió la realización de varios peritajes que nunca se habían realizado antes, a pesar de amplios antecedentes disponibles en la carpeta investigativa, y entre diciembre de 2021 y abril de 2022 logró levantar antecedentes suficientes como para pedir que a Ampuero Chiguay y Barría Bórquez se les formalizara por la presunta participación y responsabilidad que le cabe en calidad de autores en el delito de malversación de caudales públicos, previsto y sancionado en el artículo 233 del Código Penal.
Se debe precisar que esta causa tiene como imputados a la exalcaldesa Soledad Moreno Núñez, el exsecretario de la Corporación Luis Armando Ampuero Chiguay, el exjefe de administración y finanzas Abdón Barría Bórquez, el exjefe de personal Jorge Alarcón Sánchez y el exdirector de control Ricardo Lagno Cruces.
Además, fuentes consultadas por Radio Sago confirmaron que en diciembre del año pasado se incluyó en el listado a la exjefa del área de Educación de la Corporación y también exconcejal, María Luisa Rojas Alvarado.
En la solicitud ingresada por el fiscal Metzner, durante este lunes se pidió formalizar a los dos exdirectivos ya mencionados, mientras que respecto al resto, se están recabando más antecedentes y realizando varios peritajes que aún están pendientes dado el enorme volumen de información que existe y que el fiscal Calisto no habría analizado.
La juez de garantía decidió que la audiencia se realizaría el próximo 10 de junio de 2022, y se abocará a diversos hechos acaecidos en el segundo semestre del año 2016, y que se relacionan a posibles actuaciones alejadas de la ley circunscritas al uso de dineros para fines distintos a los que estaban destinados.
Sólo a modo ilustrativo, según antecedentes que tuvo a la vista Radio Sago, un análisis de los movimientos de la cuenta corriente del Banco Estado de uso exclusivo de la Ley SEP de la Corporación Municipal de Ancud, entre los periodos enero-diciembre de 2016, arrojó que de los $1.050.865.220.- que le depositó el Ministerio de Educación, un total de $371.663.203.- se usaron para fines distintos a los previstos en la norma.
