Al mismo tiempo, la SNA subraya que esta protección debe compatibilizarse con el derecho de propiedad y con la legítima aspiración de muchas familias de vivir en el mundo rural. Por ello, plantea que la normativa debe equilibrar la preservación de la producción agrícola con un desarrollo ordenado, evitando impactos negativos en servicios básicos, caminos y recursos hídricos.
Un punto clave es la necesidad de otorgar mayores atribuciones a los municipios, lo que permitiría frenar la proliferación de los llamados “loteos brujos”, que operan al margen de la normativa y generan desorden territorial. La participación municipal es vista como esencial para garantizar que las parcelaciones se desarrollen de manera regulada y sostenible.
En definitiva, la SNA insiste en que el proyecto de ley debe convertirse en una herramienta eficaz para proteger los suelos agrícolas, fortalecer la institucionalidad y ordenar el desarrollo rural. El gremio invita a parlamentarios, autoridades locales y ciudadanía a trabajar en conjunto para lograr un marco regulatorio que preserve la productividad agrícola y responda a las aspiraciones legítimas de quienes buscan habitar en el campo.
