Las tarifas en recorridos intercomunales han experimentado incrementos significativos, llegando a costar hasta $4.800 en tramos como Osorno-Puerto Montt, mientras las agrupaciones de usuarios advierten sobre un vacío legal en la regulación de estos servicios.
Usuarios del transporte público en las provincias de Llanquihue y Osorno manifestaron su preocupación ante las recientes alzas en los pasajes de microbuses y colectivos rurales.
Jordi Valenzuela Muñoz, presidente de la Agrupación de Usuarios del Transporte Público de Llanquihue, calificó la situación como «insostenible» para el presupuesto familiar.
Según los reportes, los incrementos varían entre los $200 y $500 según el tramo, afectando principalmente a quienes se desplazan entre comunas para trabajar o estudiar.
Detalle de las nuevas tarifas por tramo
En la provincia de Llanquihue, el pasaje entre Puerto Montt y Puerto Varas subió a un rango de entre $1.800 y $1.900.
Este recorrido específico ha registrado un aumento del 111% desde enero de 2022, cuando el valor del pasaje era de solo $900.
Otros tramos afectados incluyen Calbuco-Puerto Montt, que alcanzó los $2.600, y recorridos hacia Ensenada con alzas de hasta $600.
En la provincia de Osorno, el viaje a Río Negro aumentó de $2.000 a $2.500, mientras que Frutillar y Fresia registran costos de $2.500 y $3.000 respectivamente.
El vacío legal que afecta a la región
La principal causa de esta desregulación radica en que el congelamiento de tarifas anunciado por el Gobierno solo aplica a sistemas urbanos regulados.
Esto incluye perímetros exclusivos en ciudades como Puerto Montt, Osorno, Castro y Quellón, dejando fuera a la conectividad intercomunal.
Al ser considerados servicios rurales, las empresas no tienen la obligación legal de informar los cambios en sus tarifas con 30 días de anticipación.
Desde las agrupaciones de usuarios señalan que esta falta de control permite alzas inmediatas tras cada incremento en el precio de los combustibles.
Impacto económico y falta de autoridades
Valenzuela estimó que un usuario promedio puede llegar a gastar hasta $120.000 mensuales solo en concepto de movilización colectiva.
Actualmente, las organizaciones civiles se encuentran a la espera del nombramiento de un nuevo Seremi de Transportes para canalizar estas demandas.
La preocupación aumenta debido a que las alzas ya se están cobrando, pese a que se discute el uso de fondos de la «Ley Espejo» para mitigar costos.
Se espera que en los próximos días las autoridades regionales definan mecanismos para extender los beneficios de contención de precios al transporte rural e intercomunal.
