Trece compañías del sector salmonero presentaron recursos de ilegalidad para frenar la orden del Consejo para la Transparencia que las obligaba a transparentar información sobre mortalidad y uso de fármacos en sus centros de cultivo.
Trece empresas salmoneras interpusieron reclamos de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt para evitar la entrega de información detallada sobre su desempeño sanitario y productivo. El tribunal declaró admisibles los recursos y decretó la suspensión de la entrega de los antecedentes mientras se resuelve el fondo de la controversia.
La medida judicial paraliza temporalmente una decisión del Consejo para la Transparencia (CPLT), organismo que había ordenado al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) liberar los datos. Estos corresponden a registros de mortalidad semanal, uso de productos farmacológicos y cargas parasitarias por centro de cultivo.
El origen de la disputa judicial
La controversia se originó tras una solicitud de acceso a la información presentada por Roberto Montt Garrido, vinculado a la empresa de servicios sanidad animal Ceres BCA. El requerimiento exigía datos específicos generados desde enero de 2025 para cada centro de producción en el país.
En primera instancia, Sernapesca denegó parcialmente la información tras la oposición de las empresas, pero el CPLT acogió un amparo que obligaba a la apertura total de los registros. Ante esto, las firmas recurrieron a la justicia ordinaria el pasado 7 de mayo de 2026.
Entre las empresas recurrentes figuran nombres clave de la industria como Salmones Blumar, Australis Mar, Cermaq Chile, Salmones Aysén y Salmones Humboldt, entre otras. Las causas fueron ingresadas bajo los roles 93-2026 y 94-2026 en el tribunal de alzada regional.
Riesgos para la competitividad comercial
El argumento central de las compañías sostiene que la publicidad de estos datos afecta directamente sus derechos comerciales y económicos, amparándose en la Ley de Transparencia. Afirman que el cruce de información permitiría reconstruir con exactitud su estrategia productiva.
Según los escritos presentados, la divulgación expondría a las firmas chilenas frente a competidores internacionales de Noruega, Escocia o Canadá. Las empresas temen que sus rivales ajusten estrategias de precios, volúmenes y ventanas de cosecha al conocer su desempeño sanitario.
Además, los reclamantes cuestionaron el perfil de quien solicita los datos, señalando que podría existir un uso estratégico de la información con fines comerciales y no de control ciudadano. Según las empresas, estos datos representan una «ventaja competitiva evidente» para terceros.
Se espera que en las próximas semanas la Corte de Apelaciones de Puerto Montt analice los argumentos de fondo para determinar si los datos sanitarios deben ser públicos o permanecer bajo reserva.
