Durante la última sesión plenaria del Consejo Regional de Los Lagos, el consejero por la provincia de Osorno, Bernardo Barría, solicitó formalmente al gobernador regional, Alejandro Santana, intervenir ante posibles anomalías en un proyecto hídrico de la comuna de Purranque.
La solicitud busca que la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) y la Municipalidad de Purranque entreguen respuestas claras sobre una inversión que supera los 267 millones de pesos. Estos recursos estaban destinados a la construcción de 12 pozos de agua potable que, a la fecha, no cumplen su función.
Inversión millonaria sin resultados operativos
La situación afecta directamente a las familias de los sectores rurales de Río La Plata, Pampa Bonita y Camarones. Pese a que las obras civiles fueron ejecutadas, los habitantes continúan abasteciéndose mediante camiones aljibe para cubrir sus necesidades básicas.
Barría calificó la situación como «inaceptable» y señaló que la obra, gestionada con fondos públicos de la Subdere y administrada por el municipio, representa una falta de respeto para la comunidad. El consejero enfatizó que muchos de los beneficiarios son adultos mayores que ven con frustración estructuras inoperantes.
“Lo que hoy existe no es desarrollo, es una burla. Vecinos siguen dependiendo de camiones aljibe mientras observan cómo una obra millonaria es hoy un conjunto de estructuras vacías”, manifestó la autoridad regional durante su intervención.
Dudas sobre la recepción y fiscalización de las obras
Uno de los puntos más críticos de la denuncia apunta a las presuntas irregularidades en el proceso de recepción de los trabajos. El consejero cuestionó los criterios técnicos y administrativos que permitieron dar por finalizada la obra sin que esta entregara agua.
Barría planteó interrogantes fundamentales sobre quién autorizó los pagos y quién certificó la obra como conforme. «Necesitamos saber si estos pozos funcionarán y por qué el Estado abandonó a estos vecinos tras entregar los fondos», sostuvo el representante de la provincia de Osorno.
La fiscalización busca determinar si existieron fallas en la cadena de mando y supervisión, tanto por parte de la Subdere como del organismo ejecutor municipal. Para el consejero, el acceso al agua es un derecho básico que no permite márgenes de error ni negligencias.
Próximos pasos en la investigación
La petición de oficio fue acogida de forma unánime durante la sesión plenaria del Consejo Regional. Esto obliga a los organismos involucrados a evacuar informes técnicos sobre el estado actual de la infraestructura y las condiciones de funcionamiento de cada pozo.
Se espera que en las próximas semanas las instituciones entreguen los antecedentes requeridos y propongan medidas correctivas inmediatas. El objetivo final es garantizar que las familias rurales de Purranque cuenten con una solución definitiva de acceso al agua potable, tal como estipulaba el proyecto original.
Este proceso de fiscalización será clave para determinar las responsabilidades administrativas correspondientes y establecer un cronograma real de operatividad para el sistema hídrico de la zona.
