En una resolución unánime, la Cuarta Sala de la Corte Suprema confirmó las severas sanciones económicas impuestas a la empresa Multiexport Pacific Farms S.A. y al administrador de su centro de cultivo en Bahía Cox, en la comuna de Puerto Octay.
El máximo tribunal del país declaró inadmisible el recurso de casación presentado por la compañía, dejando a firme la condena al pago de 3.000 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) por parte de la sociedad, y de otras 150 UTM para el administrador responsable del recinto.
Estas multas, que en conjunto representan una cifra millonaria, se fundamentan en el incumplimiento del deber legal de mantener libre de residuos el área entregada en concesión en las aguas del Lago Llanquihue.
La causa judicial se originó tras una denuncia interpuesta por el Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca), luego de que fiscalizaciones detectaran la presencia de desechos en el fondo lacustre.
Si bien la defensa de la salmonera intentó impugnar la sentencia argumentando que no se había acreditado un «daño ambiental grave» y que el centro contaba con informes ambientales favorables, los ministros de la Corte Suprema descartaron estos reclamos. El fallo estableció que el recurso de la empresa no logró demostrar errores de derecho sustanciales en la sentencia previa de la Corte de Apelaciones de Valdivia.
Con esta decisión, se cierra el proceso judicial, ratificando la responsabilidad de la industria acuícola en la preservación del entorno natural donde opera en la Región de Los Lagos.
