Tras casi 12 años de discusión legislativa, la Cámara de Diputados aprobó y despachó a ley la reforma al sistema de adopciones. Según destacó el Ejecutivo, la iniciativa representa un «avance sustantivo» en la materia.
La mayoría de las enmiendas realizadas por el Senado fueron respaldadas por 119 votos a favor y 5 abstenciones.
El objetivo principal del proyecto es agilizar los procesos y reducir la burocracia. La ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, sostuvo que «los niños, niñas y adolescentes, especialmente los más vulnerados, no pueden seguir esperando».
«Hoy, un niño o niña en proceso de adopción debe pasar, por lo menos, por tres procedimientos judiciales; uno o más procedimientos de protección, un juicio de susceptibilidad de adopción que puede durar años, para finalizar con el procedimiento de adopción. Todo en tribunales que pueden ser diferentes. Esta fragmentación no solo genera duplicidad en las gestiones, sino que también decisiones que pueden ser contradictorias, incertidumbres, así como una larga trayectoria judicial que, desde la dictación de la primera medida de protección de separación de la familia de origen, dura en promedio cuatro años, pudiendo duplicarse en el caso de adolescentes», explicó.
Entre las principales modificaciones, se busca garantizar el derecho de todo niño, niña o adolescente a vivir en familia, resguardando siempre su interés superior. La reforma establece la subsidiariedad de la adopción y propone un único procedimiento judicial que considere la trayectoria proteccional del menor, priorizando su bienestar a través de una intervención integral, coordinada, continua y coherente, desde las primeras medidas de protección hasta la eventual adopción.
Para ello, se incorpora una etapa de revinculación y fortalecimiento familiar dentro del procedimiento de medidas de protección judicial, cuyo propósito será reintegrar al niño, niña o adolescente a su familia de origen. Solo cuando esto no sea posible, se podrá declarar subsidiariamente su adoptabilidad.
El proyecto también establece que la etapa de revinculación familiar no podrá extenderse por más de 12 meses, con el fin de evitar la permanencia prolongada en cuidados alternativos —como residencias o familias de acogida— y reducir el tiempo en que los menores permanecen separados de su familia de origen.
Asimismo, se actualizan otros procedimientos vinculados a la adopción, como la cesión voluntaria con fines adoptivos —fortaleciendo el enfoque en la protección del niño o niña—, y el procedimiento de adoptabilidad con fines de integración. Este último permitirá que uno de los miembros de una pareja adopte al hijo o hija de su conviviente, en casos donde el otro progenitor no está presente o no ha reconocido legalmente al menor.
Otro de los cambios relevantes es la eliminación de la prelación rígida en la selección de familias adoptivas, la cual favorecía automáticamente a matrimonios, sean heterosexuales u homosexuales. Esta reforma pone en el centro el interés superior del niño, niña o adolescente, priorizando la búsqueda de una familia, madre o padre adoptivo que mejor pueda garantizar el cuidado y protección que necesita un menor especialmente vulnerado.
La ministra Javiera Toro enfatizó que «avanzar en la reforma al sistema de adopción es una necesidad urgente, se trata de garantizar el bienestar y el derecho a vivir en familia, es poner en el centro de todas las decisiones el interés superior del niño, niña o adolescente ofreciéndolos con integrado y centrado en sus necesidades. Es buscar que todos los niños y niñas de nuestro país crezcan en un ambiente familiar de cuidado y amor».
Fuente: Emol.com
