Este lunes un grupo de alcaldes pertenecientes al oficialismo presentaron una solicitud formal al fiscal nacional, Ángel Valencia. La petición busca la posibilidad de requerir la destinación provisional de propiedades conocidas como “casas narcos” en el marco de investigaciones por narcotráfico, a favor de los municipios correspondientes. Este llamado cuenta con el respaldo de los siguientes jefes comunales: Mauro Tamayo (Cerro Navia), Felipe Muñoz (Estación Central), Karina Delfino (Quinta Normal), Ítalo Bravo (Pudahuel), Gonzalo Montoya (Macul), Gonzalo Durán (Independencia), Maximiliano Ríos (Lo Prado), Joel Olmos (La Cisterna), Claudia Pizarro (La Pintana), Paulina Bobadilla (Quilicura), Gustavo Toro (San Ramón) y Cristóbal Labra (San Joaquín).
En declaraciones a Canal 24 Horas, el alcalde Tamayo expresó el llamado al fiscal nacional “a instruir a todos los fiscales del país para que casas como ésta, en la que durante 30 años se traficó, puedan ser destinadas provisionalmente a los municipios”. El edil detalló el proceso, indicando que, tras la solicitud inicial, la casa demoró dos meses en pasar a manos del municipio. En este sentido, explicó: “El fiscal Sebastián Gana solicitó al tribunal entregarla de forma provisional, mientras dura la investigación sobre la obtención de la casa con recursos del narcotráfico. Durante ese período, que podría extenderse por varios años, llevamos a cabo la ocupación de la propiedad, que se integra como parte del plan cuadrante municipal”. Tamayo subrayó el impacto positivo en la comunidad, destacando que los vecinos se encuentran satisfechos tras vivir durante décadas cerca de un punto de tráfico de drogas.
Por su parte, el alcalde Montoya respaldó la iniciativa y expresó su opinión de que esta práctica “es completamente replicable a nivel nacional”. Asimismo, hizo hincapié en la importancia de solicitar al fiscal nacional que instruya a los fiscales de todas las comunas para implementar este tipo de medidas.
