El Congreso Nacional despachó favorablemente el proyecto de ley impulsado por el Ejecutivo que moderniza la carrera funcionaria y refuerza la estructura operacional de Carabineros de Chile.
La iniciativa formalizada este 21 de octubre contó con aprobación transversal en la Cámara de Diputados y el Senado, tras acordarse un incremento sustancial en el presupuesto destinado a la institución.
El plan económico final alcanza una inversión anual cercana a los $106 mil millones de pesos, cifra que triplica los recursos considerados en la propuesta legislativa original.
Aumento en incentivos por riesgo y estipendios de formación
Entre los cambios más relevantes destaca la modificación a la Gratificación Especial de Riesgo (GER), la cual elimina el límite de 20% y podrá elevarse hasta un 100% del sueldo.
El porcentaje final otorgado a los funcionarios dependerá del lugar de destinación y de las condiciones específicas de vulnerabilidad en el desempeño de sus labores.
Adicionalmente, se fijó un incentivo económico del 10% asociado al cumplimiento de metas institucionales y mecanismos extraordinarios para la incorporación de profesionales y técnicos.
En el área formativa, la retribución económica de los alumnos de las escuelas de Carabineros subirá de $70 mil a $248 mil pesos mensuales, sumado a un cuarto semestre remunerado.
El Seremi de Seguridad, Francisco Muñoz Le Breton, valoró este punto para el ámbito local, recordando que en la región funcionan dos escuelas de formación policial.
Contratación de personal civil y despliegue operativo
La normativa aprobada establece la incorporación gradual de personal civil para hacerse cargo de las tareas administrativas en las distintas unidades policiales del país.
La reasignación busca retirar a los efectivos de los escritorios para destinarlos prioritariamente a patrullajes en barrios, labores de prevención e investigación criminal.
Al respecto, el Seremi de Seguridad Francisco Muñoz Le Breton explicó que las medidas aprobadas por el Congreso permitirán proyectar mejoras estructurales a contar del año 2027.
«Entre los principales impactos se encuentra la gratificación especial de riesgo que aumenta desde un tope del 20% hasta el 100% según el destino y condiciones de riesgo», detalló la autoridad.
Muñoz Le Breton agregó que la entrada de civiles permitirá «liberar a funcionarios policiales para el fortalecimiento de su presencia en las calles y en labores investigativas».
Reacciones oficiales y trámite en el Tribunal Constitucional
Por su parte, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, señaló que enfrentar la delincuencia requiere decisiones concretas y mayores herramientas para el personal de servicio.
En tanto, la subsecretaria de Seguridad Pública, Pilar Giannini, sostuvo que el acuerdo político posiciona la seguridad ciudadana como una prioridad transversal del Estado.
El proyecto contempla además resguardos laborales para evitar que licencias médicas por enfermedades graves de hijos menores de un año afecten los incentivos del funcionario.
Tras la votación del Poder Legislativo, la propuesta será remitida al Tribunal Constitucional para la revisión de sus normas antes de su promulgación y publicación en el Diario Oficial.
