El Consorcio Agrícola del Sur (CAS) manifestó públicamente su respaldo a las recientes declaraciones del Ministro de Defensa Nacional, Fernando Barros. El secretario de Estado convocó a abrir una discusión sobre los efectos reales que han tenido en el país la aplicación del Convenio 169 de la OIT y la Ley Lafkenche.
La agrupación multigremial, que representa la actividad agrícola desde el Biobío hasta Llanquihue, calificó este análisis como un debate necesario para el desarrollo nacional. Asimismo, instaron a abordar la discusión con seriedad, responsabilidad y sin posturas que pretendan clausurar el diálogo de forma anticipada.
Freno a proyectos productivos
Desde la entidad gremial explicaron que han planteado de manera sostenida, durante varios años, la urgencia de evaluar estos instrumentos regulatorios. Apuntan a que es necesario medir en detalle cuáles han sido las consecuencias jurídicas, económicas y sociales de su implementación en la zona sur.
Según detallan los productores del CAS, las regiones del sur han experimentado dificultades concretas debido a la aplicación de estas normativas. Mencionan que determinados procesos de consulta indígena y reclamaciones territoriales han mermado la capacidad de atraer capitales.
El gremio advierte que el escenario actual genera incertidumbre jurídica para los emprendimientos de la zona. Esta situación ha terminado por obstaculizar la ejecución de inversiones clave y el desarrollo de diversos proyectos productivos regionales.
Gremios que respaldan la medida
El Consorcio Agrícola del Sur se compone de diversas asociaciones de gran relevancia en el territorio chileno. Entre ellas figuran la Sociedad Agrícola de Biobío (SOCABIO) y la Asociación de Agricultores de Malleco.
A estas se suman la Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco A.G. (SOFO) y la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno A.G. (SAGO). Completan la alianza la Sociedad Agrícola y Ganadera de Valdivia A.G. (SAVAL) y la Asociación de Agricultores de la Provincia de Llanquihue (AGROLLANQUIHUE).
Para estas organizaciones, resulta plenamente legítimo analizar de manera exhaustiva si la adhesión de Chile a este tratado internacional está cumpliendo sus metas. Cuestionan, en particular, si la forma en que se aplica el Convenio 169 de la OIT responde efectivamente a los objetivos originales de su concepción.
Resguardo de la certeza jurídica
Los agricultores agrupados en el CAS aclararon que proponer una revisión de estas normativas no busca menoscabar los derechos de las comunidades. Subrayaron que el proceso no significa desconocer la dignidad, las tradiciones ni las creencias de los pueblos indígenas.
El foco de la propuesta gremial se orienta exclusivamente a evaluar el funcionamiento práctico del convenio internacional y de la legislación local. Para ello, plantean avanzar hacia un diagnóstico que integre una evaluación técnica, jurídica y política del Convenio 169 de la OIT.
Finalmente, el gremio insistió en que se deben tramitar las modificaciones legales que requiere con urgencia la Ley Lafkenche. Con esto, buscan resguardar pilares fundamentales como la certeza jurídica, la seguridad, el derecho de propiedad y las posibilidades de crecimiento para las regiones del sur.
