Un operativo coordinado entre la Fiscalía Local de Osorno y la Policía de Investigaciones (PDI) permitió desarticular una red de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en la provincia. El procedimiento judicial concluyó con la formalización de nueve imputados, decretándose prisión preventiva para ocho de ellos y arresto domiciliario total para la novena involucrada.
Fiscalización y medidas de control
Tras conocerse los hechos, el delegado presidencial provincial de Osorno, Alejandro Rehbein, anunció la proyección de fiscalizaciones más estrictas en la zona. Estas inspecciones conjuntas se coordinarán directamente con la Seremi de Salud y los departamentos de rentas de las municipalidades. La planificación tiene como foco principal controlar el funcionamiento de locales de comercio ilegal.
«Tenemos normas que nos facultan para clausurar locales de venta ilegal de alcohol», explicó la autoridad provincial respecto al marco legal vigente. Rehbein añadió que «también el código sanitario tiene normativa especial para pesquisar situaciones de vulnerabilidad, especialmente en el campo de la sexualidad». El delegado advirtió que en dichos recintos clandestinos o «lupanares» también ocurren delitos complejos como el tráfico de drogas.
Coordinación por residencias de protección
De manera paralela, la Delegación Presidencial Provincial confirmó que iniciará coordinaciones directas con la Seremi de Desarrollo Social y el servicio Mejor Niñez. El objetivo de estas mesas de trabajo es optimizar la seguridad interna de las residencias de protección de menores en la provincia. «Aquí hay que comprender que en Chile no existen los reformatorios», argumentó el delegado presidencial.
La autoridad precisó sobre la normativa del país que en estos espacios estatales «no se vulnera la libertad de los niños». Sin embargo, enfatizó que «quienes están ahí son personas vulnerables que ya pasan por medidas de protección». Bajo esa premisa, Rehbein argumentó que resulta urgente y necesario «reforzar el control en esos hogares».
Cerco preventivo intersectorial
Las medidas dispuestas por el Gobierno Provincial buscan evitar que terceros se aprovechen del tiempo libre de los menores fuera de las residencias. De esta forma, se busca impedir que personas externas induzcan a los adolescentes a participar en actividades delictivas. «Felicito a todo el equipo policial que trabajó incansablemente», declaró la autoridad provincial al valorar los resultados del Ministerio Público.
Con estas gestiones, los organismos públicos de Osorno buscan establecer un cerco preventivo intersectorial para resguardar los derechos de la infancia.
