Con el objetivo de enfrentar los factores críticos que atraviesa la actividad productiva, representantes del Consorcio Agrícola del Sur (CAS) sostuvieron este miércoles una reunión en Santiago con el ministro de Agricultura, Jaime Campos. La instancia buscó establecer al bloque gremial como una contraparte técnica y territorial permanente para el diseño de políticas públicas orientadas al desarrollo de Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.
El sector rural de la macrozona sur enfrenta hoy una combinación de factores críticos: escasez hídrica, altos costos, inseguridad rural, una severa crisis en los cultivos tradicionales, falta de financiamiento y presión regulatoria.
Frente a este escenario, el mensaje central transmitido a las autoridades fue que el sur agrícola y ganadero necesita una agenda prioritaria, concreta y con seguimiento y el CAS está disponible para trabajar con el Ministerio como contraparte permanente, aportando conocimiento territorial y técnico para recuperar competitividad, inversión, seguridad, empleo y permanencia productiva en el mundo rural.
Durante los encuentros, los representantes del CAS expusieron los lineamientos de su plan de acción basado en prioridades territoriales, de los cuales destacaron los siguientes focos:
Respecto a las nuevas exigencias y el acceso al agua, plantearon que “sin certeza hídrica, infraestructura de riego y reglas razonables de medición, no hay inversión agrícola posible”. En este sentido, se propuso que la cartera lidere una mesa hídrica junto a la Dirección General de Aguas (DGA) y la Comisión Nacional de Riego (CNR), enfocada en productores medianos y organizaciones de usuarios del sur del país.
Otro tema central fue la crisis de rentabilidad que amenaza a los productores del sur. Desde el CAS advirtieron que “la desaparición o debilitamiento de cultivos tradicionales tiene efectos territoriales, sociales y estratégicos”, solicitando la conformación de una mesa de cultivos del sur multisectorial.
A esto se suma la crisis de delincuencia. El CAS recalcó que “la seguridad rural debe ser parte de la política agrícola”, haciendo un llamado a incorporar al CAS en una instancia de trabajo con el Ministerio de Seguridad, las policías y fiscalías para combatir el abigeato, robo de insumos, los incendios y los estragos provocados por los perros asilvestrados.
El Consorcio solicitó al Ministerio de Agricultura asumir el liderazgo, junto a la cartera del Trabajo, para avanzar en una agenda de adaptabilidad laboral rural y regularización de trabajadores temporeros extranjeros que compatibilice la formalidad con la productividad.
Asimismo, se subrayó la urgencia de aplicar un análisis productivo antes de legislar. “El Ministerio debiera considerar al CAS como contraparte técnica permanente en proyectos de ley que afecten agricultura, ganadería, recursos hídricos, sanidad, suelos, mercado interno, seguridad rural y desarrollo productivo”.
En esta línea, se agregó que un SAG fortalecido y mejor información pública son «condiciones mínimas para competir, prevenir plagas, tomar decisiones de siembra y evitar distorsiones de mercado».
Sobre los desafíos futuros, el CAS concluyó que “Chile no puede enfrentar cambio climático, plagas, escasez hídrica, mayores costos y competencia internacional sin herramientas tecnológicas modernas, apertura de mercados y certeza jurídica para acceder a mejor genética”.
Para materializar estas urgencias, el CAS propuso al Ministerio de Agricultura institucionalizar ocho líneas de trabajo para hacer seguimiento periódico a soluciones concretas en beneficio de todo el sur agrícola y ganadero del país.
En representación de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno, Sago A.G. participó en la reunión el director de Asuntos Públicos del gremio, Hermann Rusch.
