La Contraloría General de la República publicó un extenso informe de 200 páginas, entregado el 19 de junio a la Cámara Baja, que detalla millonarias irregularidades que fueron detectadas en diversos organismos públicos durante abril de 2024 y marzo de 2025.
Estas irregularidades, identificadas a través de 792 acciones de fiscalización, entre ellas auditorías, investigaciones, inspecciones de obras públicas y exámenes de cuenta, ascenderían a un monto total superior a los 1,5 billones de pesos ($1.505.707.732.640).
Según reveló La Tercera este viernes, el informe se centra en situaciones consideradas «altamente complejas» o «complejas», que representan incumplimientos de leyes, normas o recomendaciones con potencial detrimento patrimonial o responsabilidades funcionales.
El monto objetado se distribuye en diversas categorías, entre las que se destacan el incumplimiento de normas contables o presupuestarias (359 mil millones de pesos), falencias asociadas al cumplimiento de contratos (328 mil millones), deficiencias en rendición de cuentas (316 mil millones) y deficiencias en el manejo de fondos (252 mil millones).
Más abajo quedan los incumplimientos asociados a ingresos (81 mil millones), deficiencias en el proceso de adquisiciones (80 mil millones), gastos improcedentes o sin respaldo (57 mil millones) y otros resultados transversales (30 mil millones).
Un foco particular del informe son los gobiernos regionales (GORE), donde 74 fiscalizaciones revelaron 1.611 observaciones y un monto objetado que supera los 303 mil millones de pesos.
Se mencionan irregularidades en diversas regiones como Arica y Parinacota (rendiciones sin respaldo), Antofagasta (falta de supervisión), Tarapacá (gastos rechazados no reintegrados e incumplimientos), Coquimbo (viajes improcedentes) y Maule (montos no recuperados).A estas se suman Biobío (gastos sin acreditar, fondos pendientes de revisión y transferencias sin garantía), Los Lagos (transferencias sin control preventivo) y Aysén (iniciativas aprobadas sin ejecutar).
