Contraloría: Ministra Rubilar cometió infracción a normativa sobre probidad apoyando campaña de su pareja

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La Contraloría General de la República calificó de ilegales los actos cometidos por la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, quien durante el mes de agosto habría utilizado un chat institucional de Dirección de Prensa, para apoyar la candidatura a diputado de su pareja, Christian Pino.

Esto se dio a conocer a través de un reportaje emitido por “Tele13” el día 17 de octubre, en el que se expuso que Rubilar presuntamente daba instrucciones para preparar diversas entrevistas, gráficas, y actividades para el aspirante a la Cámara por el Distrito 8.

El máximo ente fiscalizador determinó que la exdiputada hizo mal uso del chat institucional ya mencionado, pues cometió irregularidades al instruir a funcionarios públicos de su cartera, violando así el principio de prescindencia política en periodo electoral.

“En dichas conversaciones se advierte que aquella entrega instrucciones a los destinatarios del grupo para que apoyen y promocionen la candidatura del señor Pino Lanata, ejerciendo de este modo su autoridad para beneficiar la campaña de su pareja; conversaciones cuya existencia y tenor no han sido desmentidos en el informe de la Subsecretaría de Evaluación Social”, versa el informe de Contraloría, citado por “T13”.

Además, se consigna que “si bien no está acreditado que con ocasión de los hechos denunciados hubo utilización de recursos públicos, de haberse cumplido las instrucciones que la Ministra Rubilar Barahona impartió en dicho grupo de WhatsApp a funcionarios de su dependencia y de su confianza, ello habría implicado una infracción de la normativa antes reseñada sobre probidad, por haberse ocupado tiempo de la jornada de trabajo y empleo de recursos públicos”.

Un día después de emitido el reportaje, el diputado Gabriel Ascencio, de la Democracia Cristiana, envió un oficio al ente contralor para investigar un eventual intervencionismo electoral por parte de la ministra.

Los antecedentes serán remitidos a la Cámara de Diputados, con motivo de que el órgano legislativo evalúe si es que procede o no abrir una investigación.

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