Corte Suprema echa por tierra declaratoria como zona típica de sector céntrico de la comuna de Castro que impulsaba el Gobierno

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La Corte Suprema de Justicia ordenó retrotraer la decisión del Gobierno de declarar como zona típica al casco histórico de la comuna de Castro.

La medida fue adoptada por la tercera sala del máximo tribunal del país, integrada por los ministros Angela Vivanco, Mario Carroza y Jean Pierre Matus; y los abogados Enrique Alcalde y Pedro Águila.

El fallo comunicado en la tarde del miércoles, señala la necesidad de iniciar un proceso de consulta indígena con las personas y comunidades que se encuentren en el área de influencia de la declaratoria perseguida.

La decisión del máximo tribunal fue aplaudida por el Concejal de Castro Jorge Bórquez, quien dijo que se hacía justicia para los vecinos de la comuna que se iban a ver perjudicados por una decisión centralista y mala del Gobierno.

Por su parte, el Alcalde de Castro, Juan Eduardo Vera, indicó a Radio Chiloé de Castro que no se deben generar falsas expectativas, sino esperar el resultado de la consulta indígena que el máximo tribunal ha ordenado realizar

Recordemos que la declaratoria de Zona Típica afectaba a 32 hectáreas de la comuna, lo que incluía a la Iglesia San Francisco, uno de los bienes culturales y patrimoniales más importantes de la isla, declarada como patrimonio de la humanidad por Unesco; la plaza de armas, y los edificios del centro comercial de la ciudad.

La medida comunicada el 19 de junio del año pasada motivó la presentación de una docena de recursos de protección en contra del presidente de la República, Gabriel Boric y la entonces ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Julieta Brodsky, por parte de 118 ciudadanos de Castro, el Sindicato de Artesanos, comunidades huilliches, y la Cámara de Comercio, Industria y Turismo, entre otras organizaciones sociales.

Los recursos habían sido rechazados por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, motivando a los demandantes a recurrir hasta la Corte Suprema de Justicia, para denunciar ilegalidad, y arbitrariedad de la medida del Gobierno.

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