El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos anunció este viernes 23 de octubre la suspensión de la tramitación de los decretos que otorgan rebajas de condena a personas sentenciadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.
La medida fue confirmada por el ministro de la cartera, Fernando Rabat, para responder a la controversia generada por el otorgamiento de estos beneficios penitenciarios.
La determinación se adoptó luego de conocerse que, desde marzo a la fecha, 56 personas condenadas por este tipo de ilícitos accedieron a reducciones en sus penas de manera administrativa y sin judicialización.
Esta situación generó cuestionamientos y reparos transversales por parte de sectores del oficialismo y de la oposición.
Vacío legal y respuesta del Ejecutivo
Tras revisar la normativa vigente, el Ministerio identificó un vacío legal sobre la aplicación de las restricciones de rebaja de condena a personas sentenciadas antes del año 2022.
Ante este escenario, el Ejecutivo decidió frenar la tramitación de los decretos mientras se despachan las reformas correspondientes en el Congreso Nacional.
«Lo que haremos ahora es abordar este problema, promoviendo y dando urgencia a una serie de proyectos de ley para impedir que se sigan otorgando estos beneficios a personas condenadas antes del año 2022», señaló el ministro Fernando Rabat.
«Mientras tanto, vamos a dejar suspendida la tramitación de estos decretos, porque con la discusión inmediata de las iniciativas podremos zanjar esta situación en un breve tiempo y darle tranquilidad a la ciudadanía», agregó el secretario de Estado.
Reformas con discusión inmediata en el Congreso
Para solucionar la brecha normativa, el Ejecutivo impulsará con discusión inmediata un proyecto de ley que modifica el procedimiento para obtener la reducción de pena por conducta intachable.
Esta iniciativa adecuará las causales que excluyen del beneficio a los agresores, establecerá una regla de temporalidad sobre las exigencias a los postulantes e incorporará normas para garantizar el derecho de la víctima a ser oída.
En paralelo, se dará impulso al proyecto que crea los Tribunales de Ejecución de Penas, moción de carácter transversal que cursa su segundo trámite constitucional en el Senado.
Traspaso de decisiones al Poder Judicial
Esta última propuesta establece un procedimiento especial para que las solicitudes asociadas a la Ley N° 19.856, la libertad condicional y otros beneficios penitenciarios sean resueltas por jueces.
Con esta modificación, las decisiones dejarán de estar a cargo de las actuales comisiones especiales administrativas y se trasladarán a la jurisdicción de los tribunales de justicia.
La resolución busca congelar las vías administrativas de reducción de penas y establecer un estándar de control judicial sobre las sanciones aplicadas a agresores sexuales de menores.
