Hasta hace un par de días, cuatro personas condenadas por delitos sexuales contra menores de edad se encontraban trabajando en establecimientos educacionales. Ello, pese a que la ley se los prohíbe, existiendo para evitar aquello un registro de ofensores.
La situación fue denunciada por el jefe de la Superintendencia de Educación, Sebastián Izquierdo en conversación con Radio Universo. La autoridad aseguró que las razones de dicha están siendo investigadas, pero que preliminarmente existen dos opciones: o el recinto no revisó, o bien lo hizo pero el registro no estaba actualizado.
Sobre el tema habló el ministro de Justicia, Hernán Larraín, cuya cartera impulsó la plataforma que desde el año pasado ha presentado algunas fallas. “Hemos advertido que el registro de ofensores ha tenido deficiencias; hemos logrado nosotros transformar la situación actual a través de dos medidas”, explicó el secretario de Estado.
“Una, con un acuerdo entre el Registro Civil y el Poder Judicial -firmado a fines de diciembre- para poder tener actualizado y al día ese registro. Y dos, presentamos un proyecto de ley para llenar los vacíos que lamentablemente aun existen y que de las 8 mil personas que están registradas, hay o había, errores de 40 o 50 que no estaban incorporados”, agregó.
En esa línea, el ministro aseguró que producto de las medidas, estima que el registro “está hoy en día casi en un 100% actualizado” y aseguró que, como cartera, “estamos haciendo todo lo posible para que esté siempre” así.
Larraín recalcó también la necesidad que los establecimientos “sean responsables” y verifiquen tanto a quienes trabajan al interior de sus instalaciones, como también a los transportistas escolares.
“Todos los que trabajan con niños tienen la obligación de consultar este registro, porque para eso está (…) quienes no cumplan con esto tendrán que ser sancionados conforme la ley”, concluyó.
Fuente: Emol
