El Juzgado de Garantía de Río Bueno decretó la prisión preventiva del alcalde de Río Bueno, Luis Reyes Álvarez, y del empresario constructor Héctor Meza, durante 100 días. Ambos fueron formalizados por delitos de corrupción relacionados con procesos de licitación municipal. Esta fue la medida cautelar solicitada por la Fiscalía Regional de Los Ríos, por considerar que la libertad de ambos constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y, en el caso del alcalde, también para el éxito de la investigación.
Tras la audiencia, ambos imputados fueron trasladados hasta el
Según informó la citada Fiscalía, durante la audiencia el tribunal dio por acreditada la existencia del delito de cohecho agravado reiterado y lavado de activos atribuidos al alcalde, quien habría recibido pagos de tres proveedores a cambio de favorecerlos en procesos de licitación municipal. Asimismo, estimó configurado el delito de soborno respecto del empresario Héctor Meza. Al fundamentar su resolución, el tribunal destacó que las conductas atribuidas al jefe comunal afectan la confianza pública, la probidad administrativa y la correcta administración de los recursos públicos.
La fiscal María Consuelo Oliva expresó que «estamos muy conformes con la resolución del tribunal, por cuanto se acogieron nuestras peticiones en todo el sentido (…) Lo pedimos en el caso específico del imputado Luis Reyes porque se podían además obstacular diligencias de la investigación, lo cual fue acogido por el tribunal».
Juan Enrique Urrutia, abogado defensor del jefe comunal, sostuvo que «no compartimos en absoluto la resolución del Juez de Garantía. Por un lado, el juez dio la prescripción de cerca de un 80% de los hechos y, a su vez, no concedió ciertas solicitudes que hicimos respecto de prescripciones del delito. En ese sentido, no compartimos la resolución y ejerceremos todos los recursos que tenemos: un recurso ante la Corte de Apelaciones de Valdivia y esperamos que sea acogido en esa instancia».
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía de Los Ríos, el jefe comunal habría recibido al menos $36.360.000 en beneficios económicos indebidos de empresarios y contratistas, a cambio de favorecerlos mediante actuaciones contrarias a sus deberes funcionarios. De ese monto, $27.860.000 corresponderían a pagos del empresario que quedó en prisión preventiva. La Fiscalía también detectó cerca de $90 millones en depósitos en efectivo en la cuenta personal del alcalde, cuyo origen no ha sido identificado.
En la misma audiencia, el tribunal decretó medidas cautelares de menor intensidad para la conviviente del alcalde, también formalizada en esta investigación. Durante la jornada del martes, otros tres imputados habían quedado sujetos a distintas medidas cautelares, entre ellas arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y firma periódica, además de prohibiciones de comunicación.
