Chile registra niveles de confianza institucional inferiores al promedio de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), según el último informe sobre gobernanza pública.
El estudio detalla que la percepción ciudadana sobre la transparencia y la eficacia del Estado enfrenta desafíos estructurales en el país, impactando la relación entre el Estado y los habitantes.
Apenas un tercio de la población manifiesta seguridad en la toma de decisiones del Ejecutivo, reflejando una distancia crítica entre la gestión política y las expectativas de la ciudadanía.
Desempeño bajo el promedio global
La encuesta indica que, mientras el promedio de confianza de la OCDE se sitúa en torno al 44%, en Chile este indicador solo alcanza el 29% en relación al gobierno central.
Este fenómeno se extiende con mayor fuerza a otras instituciones, donde el Poder Legislativo y los partidos políticos presentan los niveles más bajos de aprobación en el territorio nacional.
Por el contrario, los servicios públicos de carácter técnico y las fuerzas policiales mantienen una valoración superior, aunque registran tendencias a la baja respecto a mediciones anteriores.
FOTO: Sede de la OCDE en Paris, Francia. Castillo de la Muette.
Factores que debilitan la credibilidad
Entre los principales motores de la desconfianza destaca la percepción de desigualdad ante la ley y las dificultades en el acceso a servicios públicos de calidad.
Un 60% de los encuestados en el país señala que el sistema político no es lo suficientemente receptivo a las demandas de las personas comunes, según los datos entregados.
Asimismo, la integridad pública se posiciona como una preocupación central de los chilenos, vinculada directamente a la influencia de grupos de interés en la legislación.
El desafío de la integridad pública
El informe de la OCDE sugiere que mejorar los mecanismos de rendición de cuentas es una acción clave para revertir la tendencia negativa observada actualmente en el país.
Expertos del organismo internacional enfatizan la necesidad de fortalecer los canales de participación ciudadana para reconstruir el tejido institucional y la legitimidad del sistema.
La implementación de reformas profundas en materia de transparencia y la modernización del Estado aparecen como las recomendaciones prioritarias para el corto y mediano plazo.
Este reporte servirá de base técnica para la discusión de nuevas políticas públicas que busquen fortalecer la confianza y la estabilidad de las instituciones nacionales en el futuro cercano.
