La iniciativa impulsada por el Gobierno avanza a su tercer trámite constitucional tras el respaldo de la sala. La normativa habilita el control de pertenencias sin contacto físico y abre la puerta a la presencia policial ante la negativa de estudiantes.
La sala del Senado aprobó este martes en particular el proyecto de ley denominado Escuelas Protegidas, el cual busca reforzar la seguridad al interior de los establecimientos educacionales.
La iniciativa, que es impulsada por el Ejecutivo, fue despachada a su tercer trámite constitucional en la Cámara de Diputados tras una jornada marcada por intensos debates legislativos.
El texto aprobado faculta a las autoridades escolares para realizar revisiones de mochilas, bolsillos y pertenencias de los alumnos, con el fin de detectar elementos prohibidos.
Alcances de la medida y protocolos
Durante la sesión, se ratificaron las normas que permiten solicitar a los estudiantes que exhiban o vacíen el contenido de sus bolsillos, asegurando siempre que no exista contacto físico.
La normativa establece que, en caso de que un estudiante se niegue a la inspección, el establecimiento podrá requerir la presencia de personal policial para concretar el procedimiento de seguridad.
La ministra de Educación, María Paz Arzola, destacó que el avance de este proyecto responde a la necesidad de entregar «más herramientas a los establecimientos» para enfrentar situaciones de riesgo.
Rechazo a indicaciones clave
Uno de los puntos de mayor tensión fue el rechazo a una indicación de la senadora Yasna Provoste (DC), que buscaba limitar las revisiones solo a «motivos fundados e individualizados».
Al eliminarse esta restricción, algunos sectores manifestaron su preocupación por posibles riesgos de discrecionalidad y discriminación en la aplicación de los controles dentro de las escuelas.
Por otro lado, la sala también rechazó una propuesta del Gobierno que obligaba a los sostenedores a interponer demandas civiles contra los apoderados por daños graves a la infraestructura.
Dicha medida fue cuestionada por parlamentarios como el senador Gustavo Sanhueza (UDI), quien advirtió sobre los altos costos económicos que implicaría la judicialización de estos casos para los colegios.
Próximos pasos legislativos
Con el despacho desde el Senado, el proyecto entra en su fase final de tramitación, donde se espera que la Cámara de Diputados analice las modificaciones realizadas por la cámara alta.
El debate continúa centrado en encontrar un equilibrio entre el resguardo de la seguridad escolar y la protección de los derechos y la convivencia de los estudiantes en el sistema educativo.
Se espera que la discusión en el tercer trámite sea prioritaria para cumplir con los plazos establecidos por el Ejecutivo para la implementación de la ley.
