Tras la alerta emitida por ChileCompra, la institución rescindió el contrato e inició un proceso disciplinario para determinar faltas a la probidad.
El Servicio de Salud Osorno (SSO) confirmó este viernes el inicio de un sumario administrativo y la rescisión inmediata de un contrato tras detectarse un eventual conflicto de interés en un proceso de licitación de cupos para sala cuna.
La medida surge tras una notificación del Observatorio de ChileCompra, que identificó que un funcionario de la institución figuraba como socio de la propiedad de la empresa prestadora del servicio.
Irregularidades en la licitación
Según el comunicado oficial emitido por el organismo el 29 de mayo de 2026, la irregularidad se detectó mediante revisiones cruzadas de información en la plataforma de Mercado Público. El funcionario involucrado omitió su condición de socio de la propiedad al momento de la licitación, ocultando el vínculo con la proveedora.
A raíz de esta situación, la dirección del SSO estableció la incompatibilidad del vínculo y procedió a terminar el contrato vigente de forma anticipada. Desde la institución recalcaron que, si bien se detectó la falta administrativa, el hecho no generó «pérdidas ni mermas económicas» para el presupuesto del servicio.
No obstante, se instruyó el correspondiente proceso administrativo para establecer las eventuales faltas a la probidad. Esta acción se suma a los procedimientos disciplinarios que ChileCompra ha impulsado a nivel nacional para sancionar el incumplimiento de las normativas de transparencia.
Monitoreo nacional de probidad
El caso de Osorno es uno de los hitos destacados en un reporte nacional de ChileCompra que revela que más del 60% de los organismos públicos notificados por riesgos de probidad han adoptado medidas correctivas, ya que desde enero de 2026 se han detectado procesos con riesgos de conflicto de interés por más de $3.900 millones a nivel país.
Las detecciones fueron posibles gracias al cruce de datos entre Mercado Público y el Sistema de Información y Administración de Personal del Estado (SIAPER) de la Contraloría General de la República. Este monitoreo pone especial foco en los «beneficiarios finales», es decir, personas con más del 10% de participación en sociedades proveedoras.
Nuevas exigencias legales
La reforma a la Ley de Compras Públicas (Ley N° 19.886), vigente desde diciembre de 2023, reforzó significativamente las prohibiciones de contratación. El artículo 35 quáter prohíbe explícitamente contratos con personal del mismo organismo o con sociedades en las que estos tengan participación societaria.
Junto al Servicio de Salud Osorno, otras entidades como el Hospital Padre Hurtado y la Policía de Investigaciones también han iniciado términos anticipados de contratos y procesos de invalidación administrativa tras las alertas del sistema.
