Desde la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Industria del Salmón no descartaron acciones judiciales.
En la comuna de Quellón, provincia de Chiloé, se selló el histórico «Compromiso por condiciones laborales justas y el Desarrollo Sostenible de la Salmonicultura».
Este acuerdo busca hacer frente a las recientes tensiones internacionales que golpean al sector productivo, luego de las imputaciones realizadas por las ONG locales Libera y Ecosiano, que denunciaron supuestos indicios de trabajo forzado en las faenas del sur del país.
La actividad, enmarcada en el Plan Salmón 2050, reunió a autoridades de gobierno, gremios empresariales y organizaciones sindicales.
Marta Oyarzo, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Industria del Salmón, descartó de plano la existencia de prácticas de explotación laboral, afirmando que estas falsas acusaciones provocan un daño enorme.
Ante el riesgo de perder condiciones de trabajo debido al impacto económico de los aranceles, los sindicatos analizan la vía judicial en contra de las mencionadas ONG.
La dirigente sindical recalcó que “alguien tiene pagar” por las consecuencias negativas.
La polémica coincide con la decisión de Estados Unidos de elevar provisionalmente los aranceles de importación al salmón de un 10% a un 12,5%.
Esta sobretasa impositiva responde precisamente a investigaciones internacionales gatilladas por los informes de las mencionadas agrupaciones.
