La industria global de semillas impulsa una alineación regulatoria para facilitar la innovación agrícola. En Chile, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) culminó una consulta pública para dar certeza jurídica a un sector que genera 30.000 empleos anuales y exportaciones por US$ 2.500 millones.
El sector semillero internacional busca establecer criterios regulatorios comunes para la edición genética en cultivos. El objetivo es evitar barreras comerciales y acelerar el desarrollo de variedades vegetales más productivas y resilientes.
Miguel Ángel Sánchez, director ejecutivo de ChileBio, explicó que la edición genética imita procesos naturales de forma controlada. Esta herramienta biotecnológica permite adaptar plantas a desafíos climáticos y nutricionales con mayor precisión.
A diferencia de los métodos tradicionales, estas técnicas reducen significativamente los costos y los tiempos de desarrollo. Mientras una variedad nueva suele tardar 10 años, con edición genética se logra en 2 o 3 años.
Diferencia entre edición genética y transgénicos.
La alineación global busca que los países sigan criterios similares a los de Estados Unidos, Brasil y Argentina. El punto clave es determinar si una variedad contiene ADN de otros organismos.
Si la autoridad certifica que no existe ADN foráneo, el producto se considera convencional. En caso de contener material genético externo, se somete a la regulación vigente para organismos transgénicos.
Sánchez subrayó que existe un consenso científico a favor de estas herramientas para la sostenibilidad agrícola. Incluso bloques como la Unión Europea están virando hacia el apoyo de estas tecnologías.
El impacto económico en Chile
Chile se ha posicionado como un centro de importancia mundial para la industria de semillas. En los últimos 20 años, el país ha exportado casi 2.500 millones de dólares en este rubro.
La actividad genera más de 30.000 empleos anuales en el territorio nacional. Además, las semillas biotecnológicas producidas en Chile han permitido sembrar cerca de 50 millones de hectáreas en el mundo.
Esta superficie equivale a 100 años de agricultura de cultivos anuales en nuestro país. La falta de certeza jurídica podría alejar la inversión de actores públicos y privados internacionales.
Seguridad jurídica y desafíos climáticos
Desde 2017, el SAG aplica un procedimiento para discriminar productos biotecnológicos. Hasta la fecha, el organismo ha determinado que 89 productos analizados no son considerados transgénicos.
Actualmente, el SAG busca formalizar este criterio a través de una resolución oficial. Este paso busca otorgar transparencia y respaldo jurídico tanto a pequeños como a grandes desarrolladores.
La tecnología se presenta como una aliada crítica ante la crisis climática actual. Permite obtener cultivos tolerantes a la sequía y al frío, optimizando el uso de recursos hídricos en el campo.
Chile se suma así a la tendencia de Sudamérica, donde casi todos los países cuentan con normas favorables. Solo Bolivia y Venezuela permanecen al margen de estas regulaciones biotecnológicas en la región.
La resolución del SAG será fundamental para mantener el liderazgo de Chile como polo de innovación y desarrollo agrícola sostenible.
