La diputada por el Distrito 25, Paulina Muñoz Minte, será una de las tres encargadas de presentar formalmente la acusación constitucional aprobada contra el exministro Grau ante el Senado de la República.
El proceso se llevará a cabo el próximo martes 30 de junio, luego de que la Cámara de Diputados aprobara el libelo acusatorio con una amplia mayoría de votos.
Muñoz integrará esta comisión especial junto a los diputados Pier Karlezi y Benjamín Moreno, equipo que defenderá los fundamentos de la acción en la Cámara Alta.
Representación y fundamentos del libelo
La legisladora por la Región de Los Lagos destacó que la aprobación en la Cámara Baja contó con «bastante holgura», lo que respalda el avance del proceso político.
En su rol como integrante de la comisión designada, Muñoz deberá exponer los antecedentes y argumentos jurídicos que sustentan la acusación ante los senadores.
La parlamentaria sostuvo que el libelo se fundamenta en infracciones reiteradas a la ley y en lo que calificó como una falta grave a la probidad administrativa.
Juicio político e inhabilidad
Muñoz aclaró que esta instancia no busca establecer dolo, pues aquello no corresponde a las atribuciones del Congreso, sino que se trata de un juicio estrictamente político.
«Creemos que es lo mínimo que pide la ciudadanía. Respecto de un ministro que hizo las cosas que hizo, lo mínimo es la inhabilidad por cinco años», afirmó la diputada.
El objetivo central de la comisión es lograr que el Senado ratifique la sanción, impidiendo que el exministro Grau ejerza cargos públicos durante el periodo mencionado.
Etapa decisiva en el Congreso
La presentación del próximo 30 de junio es considerada una de las etapas más críticas del proceso, donde la Cámara de Diputados actúa como parte acusadora.
Muñoz subrayó la importancia de que el Senado vote «a conciencia» tras analizar las pruebas de las supuestas faltas cometidas por el exsecretario de Estado.
La diputada asumirá así la representación oficial de la corporación, llevando adelante la argumentación en un escenario donde se determinará la responsabilidad política del exministro.
Este trámite constitucional definirá el futuro político de Grau y marcará un precedente en las acciones de fiscalización parlamentaria durante el presente periodo legislativo.
