Formalizan por desfalco a exdirectivos de Corporación Municipal de Ancud

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Tal como estaba programada se realizó la audiencia de formalización de la investigación en contra de dos exdirectivos de la Corporación Municipal para la Educación, Salud y Atención de Menores de Ancud, por su eventual responsabilidad en el delito de desfalco o malversación de caudales públicos durante la administración de la exalcaldesa DC Soledad Moreno Núñez.

En ese marco, el Ministerio Público de Ancud imputa al ex Secretario General de la Corporación, Luis Armando Ampuero Chiguay, quien también fue ex Presidente del Colegio de Profesores para la Región de los Lagos y hoy trabaja en el Liceo Industrial de Puerto Montt, y al ex Jefe de Finanzas de la Corporación, Abdón Rigoberto Barría Bórquez, el desvío de $44.294.112.- para autogestionarse y autosuscribirse cheques destinados a autopagarse millonarios finiquitos.

La información fue confirmada por el fiscal adjunto de Castro, Fernando Metzner Iribarren, quien fue el encargado de solicitar la audiencia de formalización en un caso que estuvo por varios años sin aparentes movimientos útiles, y que derivó en la remoción de la causa del fiscal de Ancud, Javier Calisto Garai, por un presunto actuar negligente, y que se relacionaría a posibles vínculos y/o conflictos de interés respecto a algunos imputados

El fiscal Metzner señaló que los dineros distraídos por los imputados no fueron reintegrados por ellos a la Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención al Menor de Ancud y causaron grave entorpecimiento en la gestión financiera y contable del Servicio, retardando el pago de obligaciones contraídas con docentes, cuyos bonos habían sido depositados por el Ministerio de Educación en los meses marzo y abril de 2016.

Tras ser formalizados, la juez de garantía decidió imponer como medidas cautelares la firma mensual ante Carabineros, más arraigo nacional y la prohibición de comunicarse con cuatro de los docentes que se habrían visto afectados de manera directa por los hechos descritos fijando un plazo de investigación a 60 días.

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