El gobierno del Presidente Gabriel Boric desechó definitivamente la idea de tramitar una reforma constitucional para crear un nuevo estado de excepción “intermedio” de “protección y resguardo” y destinar a las Fuerzas Armadas a la custodia de rutas y caminos en la Macrozona Sur.
Ante la falta de acuerdo en la coalición oficialista y el sentido de urgencia con que el Ejecutivo evalúa la situación de las regiones del Biobío, La Araucanía y Los Ríos, es que el gobierno transmitió a los partidos que aplicará un estado constitucional de emergencia -vigente en la Constitución-, el que sería enviado vía decreto presidencial esta noche a la Contraloría.
El estado de excepción, dicen fuentes del gobierno, sería acotado a rutas y caminos, tal como lo pidió el presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, esta mañana al señalar que “no es el momento de que los militares vuelvan a territorio mapuche”. Al establecer como objetivo específico las rutas y caminos, se cumpliría -evalúan en el Ejecutivo- con el acuerdo alcanzado con los gremios y representantes de transportistas hace unas semanas atrás. Estos realizaron una serie de movilizaciones -con bloqueo de carreteras incluido- para exigir mayores medidas de seguridad en la zona.
Esa definición le comunicó el comité político, según distintas fuentes, a los presidentes de partido de Apruebo Dignidad y el Socialismo Democrático -en una cita que sigue en desarrollo-, quienes llegaron pasadas las 18.00 horas a Palacio, luego de que de forma inédita la reunión habitual de los lunes se pospusiera por varias horas. Y públicamente la comunicará la ministra del Interior, Izkia Siches, a las 21 horas, desde La Moneda.
A la cita se sumó, además, la titular de Defensa, Maya Fernández, quien ya había alertado a La Moneda la incomodidad de las Fuerzas Armadas ante la opción de asumir labores de control público, las que transmitieron al Ejecutivo y el Congreso que no contaban con un respaldo jurídico para actuar, tampoco con elementos disuasivos ni márgenes claros para operar.
La determinación del Ejecutivo se da luego de que, después de al menos una semana de intensas tratativas por parte de Siches, no lograra alinear a su coalición de gobierno detrás de la vía intermedia que ingresarían a una comisión mixta para redefinir el proyecto de infraestructura crítica de los senadores Kenneth Pugh y Carmen Gloria Aravena de RN. Por lo mismo, el gobierno dilató dos veces el ingreso de su propuesta a la instancia, lo que aumentó la presión de sectores como la DC y la oposición para que se declarara un estado de excepción “a secas”. Pero también desde sus propias filas.
El debate evidenció, nuevamente, una fisura entre las dos almas del gobierno. Mientras el Partido Comunista y sectores del Frente Amplio se negaron a aprobar una medida que otorgara facultades amplias a las FF.AA. para contener la situación de violencia que se vive en la Macrozona Sur, el Socialismo Democrático (PS-PL-PPD) se ha cuadrado con el gobierno e incluso más: varios dirigentes, en un giro respecto de su postura en meses anteriores, pidieron que se decretara el estado de excepción “a secas”.
“El gobierno pidió una facultad especial al Congreso (…), lamentablemente parte del oficialismo le negó esa atribución. Le han negado la sal y el agua en materia de seguridad a nuestro gobierno. Se agotó el tiempo legislativo, aunque el gobierno quisiera despachar un proyecto de ley en los dos días, martes y miércoles, que quedan de esta semana legislativa antes de la distrital, ya no hay tiempo para aprobar algo nuevo. El gobierno se ha quedado sin ninguna alternativa y va a estar obligado a decretar el estado de excepción constitucional”, admitió esta tarde el diputado Leonardo Soto (PS).
La determinación del Ejecutivo, además, implica un giro en la visión que el propio Presidente Boric había defendido: no aplicar la misma receta del exmandatario Sebastián Piñera en la zona sur del país decretando estados de excepción, pues -en su opinión- no había representado una baja en los hechos de violencia en el pasado.
Temprano por la mañana de este lunes, se informó en el chat que congrega a los jefes de los partidos y representantes que asisten al comité político ampliado que la reunión estaba, hasta ese momento, suspendida hasta nuevo aviso.
De manera sorpresiva, más tarde trascendió que el timonel PC sostendría una bilateral con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. En medio de la discusión por una fórmula para reestablecer el orden en la Macrozona Sur, la cita ‘uno a uno’ de Teillier con Interior generó suspicacias dentro de los partidos del Socialismo Democrático.
Desde el bloque apuntan en que no es la primera vez que el PC cuenta con un trato “preferencial” e indulgente por parte del Ejecutivo. En esas filas, de hecho, recuerdan el “fracaso legislativo” que implicó la vía de un retiro de fondos de pensiones acotado, ante las críticas del PC que se había mostrado contrario al proyecto parlamentario.
Incluso, durante la semana pasada, los socialistas -en reunión con Siches- le plantearon a la jefa política del Ejecutivo que los comunistas no pueden seguir “condicionando” el rumbo de las iniciativas del gobierno, principalmente en materia de seguridad.
Durante la tarde, uno de los primeros en salir a manifestar su inquietud fue el timonel del PL, Patricio Morales. “No se puede seguir obstaculizando y exigiendo al Presidente políticas a la medida de cada partido”, aseguró el dirigente a La Tercera.
Más tarde, y antes de ingresar al postergado comité político, que finalmente se llevó a cabo en horas de la tarde de este lunes, el presidente (s) del PS, Andrés Santander, planteó que “es complejo para el propio gobierno dar señales de trato privilegiado a quienes sistemáticamente están poniendo peros a sus iniciativas en materia de seguridad y orden público”.
La jefa del PPD, Natalia Piergentili, se sumó a los dichos. “Ni el PC ni otro partido puede pretender imponerse. Si el Presidente deberá negociar por cada medida que tome con sus propios partidos se hará difícil sacar adelante el programa de gobierno”, advirtió.
La fórmula a la que llegó finalmente el gobierno se da en medio de una escalada en la ofensiva de la oposición, quienes apuntaron a La Moneda como “cómplices del delito” por dilatar la presentación de medidas.
“Cuando el gobierno no es capaz de tomar definiciones y pide más plazo, por ejemplo, para la situación del estado de excepción constitucional en La Araucanía o el estado intermedio, el nombre que se le ponga, está demostrando sus falencias”, indicó el senador y timonel UDI, Javier Macaya.
Fuente: La Tercera
